El conflicto entre el gobierno español y las legítimas autoridades del ejecutivo catalán, generado por el referendo sobre el proyecto independentista,  ha traspasado los límites de la mesura y la racionalidad, desde que, bajo la disculpa del “cumplimiento de las órdenes impartidas por el poder judicial“, miles de policías y guardias civiles se dedicaron a ejecutar tales demandas con una brutalidad impensable en un estado de derecho.

La frontera entre lo que sucedió a lo largo y ancho del territorio de Catalunya el día 1º de octubre de 2017 y lo que solicitaban los magistrados, es en esencia la misma que existe entre un estado democrático y una dictadura, donde se permite la violencia uniformada y se controla el sufragio universal por medio de normas electorales tan torticeras como inicuas.

En el ordenamiento jurídico español han existido preceptos tan cruelmente lesivos para la convivencia y la paz social, como los dictados durante el franquismo, muchos de los cuales sobrevivieron a la “transición”.

Otras leyes mas “modernas”,  nuevas en esta plaza, mostraron la verdadera cara del socialismo borbónico, como “la patada en la puerta” del caliguliano José Luís Corcuera e incluso permitieron que el terrorismo de estado llevara el apellido de otro siniestro ministro, el criminal José Barrionuevo, “defendido y comprendido” por su superior Felipe Galzález.

Mariano Rajoy y sus secuaces esgrimen “legalidad e imperio de la ley” cuando combaten el anhelo independentista de un amplio sector de la burguesía catalana y sus socios “revolucionarios” de la CUP, con el mismo descaro de quien dice profesar un mesurado respeto a la “oposición republicana”, pero se ha dedicado toda su vida a diseñar, dictar, proponer y aprobar (siempre con la ayuda del PSOE)  leyes absolutamente ilegítimas, por represivas y violadoras de derechos elementales. Y aquí entramos en el meollo del “estado de derecho”.

Para el pensador alemán Carl Schmitt, una de las raras excepciones del pensamiento político de derecha (aunque no conservador) o para un sencillo profesor de Filosofía del Derecho, el andaluz Francisco Garrido,  progresista (pero nada sospechoso de militar en las filas “antisistema”), establecer la disimilitud entre “legalidad  y legitimidad” resulta crucial a la hora de enseñar a políticos, periodistas y tertulianos, que comprender ambos conceptos es una obligación no solo jurídica, sino profesional y cívica.

Garrido concreta:

“La diferencia entre esas dos ideas es esencial en un Estado democrático de Derecho. La legalidad pertenece al orden del derecho positivo y sus normas contienen siempre fuerza de ley (es decir generan obligación jurídica). La legitimidad forma parte del orden de la política  y de la ética pública (fundamentación cognitiva de las normas y de las decisiones).”

Y continúa:

“Mientras que la legalidad genera obligación, la legitimidad genera responsabilidad (política y ética) y reconocimiento. La legalidad tiene una racionalidad normativa acotada y la legitimidad tiene una lógica deliberativa abierta. Cualquier intento de suprimir esta diferencia lesiona gravemente a la democracia y al Estado de Derecho. Sin la diferencia entre legalidad y legitimidad el sistema político se torna fatalmente totalitario”.

Y desde mi retiro campestre subrayo: El imperio de las leyes que rigen el ordenamiento político y jurídico español,  legitima a la ciudadanía de todas las comunidades del estado a desobedecer algunas de esas normas recogidas en el Código Penal y en la Constitución de 1978, tan ilegítima como bastarda, tan represiva como desahuciada.

Vaya mi solidaridad más profunda para Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, víctimas propiciatorias de una jueza del Tribunal de Orden Público, señora Lamela, que lame la mano de quienes han dictado leyes insostenibles en democracia, que lame la Maza del Fiscal General del Estado y que confunde voluntariamente desobediencia con Maidán, dictando prisión inmediata contra dos personas a las que, en principio, pudiera abrir un proceso por el presunto delito de sedición. Que no es el caso.

Y ella, esa magistrada, aunque no sea directamente responsable de que ambos líderes sociales hayan ido a parar a la prisión de Soto del Real (a más de 600 kms. del domicilio de los encarcelados), sabe que en un régimen de privación de libertad es esencial que la persona presa no pierda un contacto mínimo con su entorno social. Usted, señora Lamela, se ha pasado diez pueblos.

Si España es un estado de derecho, Albert Rivera detenta un 125 de cociente intelectual. Si esta magistrada es progresista, Mariano Rajoy es Premio Nobel de Física Cuántica.

Pepe Rubianes tenía toda la razón.