El Parlamento Vasco rechazó este jueves una petición del PP, que solicitaba al ejecutivo de esa Comunidad la retirada del informe elaborado por la UPV/EHU sobre torturas cometidas entre 1960 y 2014, en el que el Instituto Vasco de Criminología (IVC) documenta 4.100 denuncias por suplicios y malos tratos policiales, de los que 336 se atribuyen a la Ertzaintza.

El PP llevó a la Cámara el debate sobre este informe porque considera que “pone en cuestión la trayectoria” de la Policía vasca y “equipara supuestos malos tratos no probados y no demostrados, con asesinatos y el terrorismo de persecución que ha sufrido la Ertzaintza”.

Sin embargo, esa demanda fue rechazada por la mayoría de los grupos parlamentarios. Solo recibió el apoyo parcial del PSE-EE, que ha solicitado el voto por puntos para apoyar el respaldo y reivindicación de la labor de la Ertzaintza y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la defensa del honor de la Policía vasca “frente a cualquier ataque contra su dignidad”, pero los socialistas también se han negado a pedir la retirada del informe.

Este debate se ha celebrado casi un mes después de la comparecencia de los autores del informe ante la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco entre los que se encuentra el forense y profesor de la Universidad del País Vasco Francisco Etxeberria y la investigadora del Instituto Vasco de Criminología Laura Pego.

EL PERIODISTA MARTXELO OTAMENDI, DIRECTOR DEL PERIÓDICO “BERRIA”, FUE TORTURADO Y EL TDH CONDENÓ A ESPAÑA EN 2012 POR NO INVESTIGAR EL CASO

Durante el debate se recordó que el informe destaca la preocupación de numerosos organismos internacionales, como la ONU, por los cientos de casos de tortura en España, señalando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en nueve ocasiones al Estado español por no investigar denuncias de tortura y “en ningún caso afectan a la Ertzaintza”.

El parlamentario de EH Bildu, Julen Arzuaga, acusó al PP de “preferir negar la realidad” de las torturas y ha destacado la importancia de este informe, afirmando que supone un “reconocimiento para tantas personas torturadas”.

La verdad judicial, la oficial, la de la Audiencia Nacional, está contaminada por la práctica de la tortura en la extensión, en la profundidad que este informe nos evidencia“, ha asegurado.

Además, ha defendido la necesidad de continuar con el trabajo de recabar testimonios, ya que el director del informe en su comparecencia parlamentaria informó de que todavía existían 454 expedientes pendientes de análisis y ha considerado necesario analizar impacto de declaraciones que se hicieron bajo las torturas, apostando por realizar un trabajo sobre “cómo ejercer la reparación a estas víctimas”.

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