En Nicaragua se prevé que en breve regrese la tranquilidad, luego de varios días de protestas contra la reforma a la seguridad social,  la misma que el mandatario Daniel Ortega revocó hace unas horas.

La polémica reforma incrementaba las contribuciones obreras y patronales, reduciendo beneficios, en un esfuerzo para darle estabilidad financiera al sistema de pensiones, por recomendación del Fondo Monetario Internacional.

Los ataques contra el proyecto no provienen de sectores de trabajadores, puesto que el proyecto presentado (y en disputa) no alteraba la edad de la jubilación ni las 750 semanas de aporte como ya se ha dicho; desde un punto de vista integral, el aspecto en discusión es la deducción del 5 % a las pensiones, dirigidos a financiar la atención de ciertas enfermedades y la maternidad y un aumento en el monto de la cotización en un 3,5 % para los empleadores (pasa del 19 al 22,5 %) y en un 0,75 % para los trabajadores (pasa del 6,25 al 7 %).

Como venimos advirtiendo desde hace días, se confirma que las protestas están siendo promovidas por LOS EMPRESARIOS, los más afectados con las medidas de la nueva ley, muy ligados -o dueños- de los medios de comunicación, que están favoreciendo el clima destituyente, alimentando las refriegas callejeras, argumentando que los jubilados recibirán menos salario y la cotización será más alta.

Expertos y analistas destacan la estrategia criminal opositora de la derecha nicaragüense y el empresariado más reaccionario, que aplaudió las medidas aconsejadas por el FMI mientras preparaba a sus comandos para general protestas “estilo oposición venezolana“, con el claro objetivo de derribar el sistema sandinista, único gobierno progresista de Centroamérica continental.

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