Es bien conocido que Chile sigue siendo una “democracia vigilada”, como lo son España, Paraguay, Honduras, México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, El Salvador… Y para colmo, la privatización de los servicios imprescindibles para la vida humana convierte a esos regímenes en violadores de los derechos humanos.

El agua es un elemento vital, un derecho fundamental de la población, pero el régimen chileno, dominado por un gobierno, un ejército y una policía de claro corte fascista, no lo garantiza.

¿Saben que los ríos chilenos han pasado a manos privadas, entregados por los políticos a esas corporaciones, de forma gratuita y a perpetuidad?

La Constitución del país sudamericano consagra ese bien como propiedad privada, cometiendo un atentado contra los derechos inalienables de la población. Ningún otro país del mundo comete esa tropelía.

Todos sabemos que el agua es esencial para la vida, la preservación de los ecosistemas y el desarrollo y bienestar de las comunidades.

Sobra reafirmarse en que el acceso al agua debe ser considerado un derecho humano, que forma parte de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida digno y adecuado.

América Latina está viviendo desde hace decenios un proceso creciente de toma de conciencia en torno al derecho esencial de acceder al agua.

La carencia de agua, su insalubridad y su encarecimiento, que castiga a millones de personas sin recursos económicos, deben ser considerados como delitos contra la vida humana.

El agua debe ser garantizada en todos sus aspectos. Su negación por acción u omisión o por falta de acciones del Estado, objetivamente atenta contra los seres humanos.

Fue durante la dictadura de Pinochet cuando se aprobó el Código de Aguas – que sigue absolutamente vigente–, en el que se considera al líquido elemento como un bien social… pero también como un bien económico, al transferir a las empresas privadas la propiedad de todo el agua que existe en el país y como dijimos anteriormente, A PERPETUDIDAD.

De esa intolerable situación, podemos asegurar que la Constitución chilena garantiza el bien privado, pero no salvaguarda el bien común, que debe situarse como primer deber del estado.

La vigencia del Código resulta suficiente para definir al régimen chileno como una sanguinaria e ininua dictadura en la que los políticos han preferido ser, antes que representantes del pueblo, mercenarios y apóstoles de las corporaciones privadas.

Con información de la web http://ciperchile.cl/2012/02/17/la-privatizacion-de-las-aguas-en-chile-viola-los-derechos-humanos/

Anuncios