CADA DÍA QUE PASA SE HACE MÁS NÍTIDA LA TORPE INQUINA DEL JUEZ LLARENA Y MÁS INCONSISTENTES LOS CARGOS CONTRA LOS LÍDERES INDEPENDENTISTAS

El enfrentamiento entre el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, por demostrar la existencia o no de malversación de fondos públicos en relación a la promoción y celebración del referéndum independentista del 1 de octubre pasado, continúa ante la ausencia de datos concluyentes que demuestren que realmente se produjo malversación y, en cambio, sí que existen informes en los que se demostraría que no hubo tal delito.

Así, el ministerio de Hacienda -que desde el verano controla absolutamente las cuentas de la Generalitat- envió, entre los meses de enero y abril de este año, hasta cinco informes con explicaciones de la Intervención General de la Generalitat al titular del juzgado número 13 de Barcelona.

El caso es que en ninguno de estos papeles se ha podido demostrar la existencia de malversación de la que se acusa a la cúpula independentista.

Estos informes, además, han llegado también a manos del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el mismo que, basándose en informes de la Guardia Civil aparentemente incompletos, ha decidido procesar por malversación los miembros del Govern de la Generalitat en la causa general que sigue contra el independentismo.

Es decir, que Llarena tiene conocimiento de toda una serie de informes que darían la razón a Montoro y que, por lo tanto, vaciarían de contenido la denuncia de malversación de caudales públicos.

Presiones sobre los funcionarios

De hecho, según el mencionado medio, Montoro habría realizado hasta 20 requerimientos a la Intervención General de la Generalitat, en al menos una de las cuales, especialmente exigente, requirió nombre, apellidos, DNI y puesto de trabajo de los funcionarios que pudieran haber realizado movimientos de dinero para el 1-O. ​

A su vez, el departamento de Economía respondió al requerimiento del juez que “a los directores de servicio no les consta que se haya realizado ningún tipo de gasto para la celebración del referéndum“.

Por lo tanto, a pesar de estas acciones y presiones ejercidas sobre el funcionariado, el Gobierno español no ha podido demostrar que el Govern haya cometido ningún delito de malversación.

Con todo, la respuesta que se dio desde la Generalitat no gustó a Hacienda, que intentó también hacer peticiones al delegado del gobierno español en Catalunya, Enric Millo, sobre varias cuestiones, como el pago de informes previos al 1-O, gastos del envío del censo electoral o sobre la publicidad del referéndum, un intento que también resultó frustrado.

En cualquier caso, estos mismos informes avalan el posicionamiento de Montoro sobre la inexistencia de malversación -aunque el mismo ministro no descarta que haya podido haber falsificaciones- y complica a Llarena seguir adelante con el procesamiento de la cúpula independentista, porque precisamente en un momento en que el delito de rebelión ha quedado tocado, después de que la justicia alemana haya denegado la extradición de Carles Puigdemont para ser juzgado por este delito, el procesamiento por malversación también queda en entredicho si no hay pruebas que lo sustenten.

https://www.elnacional.cat/es/politica/hacienda-informe-pablo-llarena-malversacion_263208_102.html

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