1. Distancia.

El estado de descomposición de las instituciones españolas ya no se puede disimular. “Degenerescencia”, escribe Joan B. Culla*(1).

Cuando el sistema pierde la capacidad de absorber, es decir, de generar consenso y de resolver los conflictos con pactos, la ciudadanía se despierta: “Callar -decía Albert Camus- es no desear nada“.

Cuando la gente toma la palabra, se pone en evidencia la fractura latente y el desgaste de un poder político que reacciona desde el populismo reactivo.

Lejos ya del 15-M y con el soberanismo en horas difíciles, los pensionistas y un feminismo de amplio alcance – que poco a poco va demoliendo el paradigma machista que ha estructurado la sociedad – siguen poniendo en evidencia la distancia creciente entre instituciones refractarias al cambio y una sociedad que no se siente respetada.

La última explosión, pequeño compendio de todo ello, ha llegado con el caso de la Manada. Los jueces han dictado una sentencia que una gran parte de la sociedad no entiende.

Esto no debería ser forzosamente malo. Figura entre las obligaciones de la justicia no dejarse arrastrar por los climas de opinión.

Pero la gravedad del choque se constata, como ha señalado la Asociación de Mujeres Jueces, cuando se percibe que la sentencia juzga con más intensidad el comportamiento de la víctima que el de los condenados. Expresión alarmante de un prejuicio socialmente muy instalado: es una mujer.

Se dice que a veces la justicia tiene razones que la razón no entiende. Y que su obligación es aplicar la ley aunque sea injusta. Mal asunto cuando esta sensación se instala.

La justicia actúa en nombre de la sociedad y su obligación es hacerlo con serenidad y sin dejarse influir. Pero cuando la sociedad no entiende sus resoluciones, es que algo se ha roto.

La profesión de juez imprime carácter y crea vínculos corporativos fuertes, porque es depositaria de una responsabilidad particular: bajo el eufemismo ‘hacer justicia’ se esconde la dura potestad de condenar o absolver a los conciudadanos. Poca broma. Y mal asunto si no goza de un cierto consenso social.

2. Populismo.

El caso de la Manada es interesante también para ver el desconcierto y la impotencia de un gobierno que busca desesperadamente llegar, a toda costa, hasta el final de la legislatura.

Una vez más su respuesta ha sido reactiva, porque como no tiene proyecto nunca anticipa, nunca encamina los problemas antes de que estallen. Dos fases en la reacción, en la línea del manual populista más ridículo.

La primera: el recurso de siempre, anuncio de endurecimiento del Código Penal. Aún no han entendido que la cárcel castiga, pero no resuelve.

Lo que hay es un programa para arrinconar, con las herramientas de la formación y de la información y de la lucha ideológica, unas mentalidades cronificadas que castigan las mujeres.

Para hacerlo hay que creer, hay que poner los recursos que merece un objetivo de esta envergadura y hay que doblar las resistencias de sectores ideológicos muy poderosos, empezando por las jerarquías eclesiásticas.

Cambiar la ley no cambiará las sentencias, si no han cambiado las mentalidades y si no se consolida la reprobación pública.

La segunda: el ministro Catalá, sin ningún respeto por la separación de poderes, crea una cortina de humo acusando el Poder Judicial de no haber sancionado uno de los magistrados que ‘todos sabían que tiene algún problema’.

Doble populismo: desplazar el debate de la cuestión central a la anécdota y lanzar un cable de complicidad a los ciudadanos que protestan.

El PP llegó con una campaña populista al poder, prometiendo cosas que sabía que no podría cumplir y que no cumplió, pero entonces aún tenía credibilidad.

Ahora, la actitud del ministro de Justicia confirma la decadencia de un régimen en el que los poderes que nos gobiernan se olvidan a menudo del papel y de los límites de cada uno.

https://www.ara.cat/opinio/Josep-Ramoneda-compendi-fractura_0_2006799406.html

1.- https://www.ara.cat/opinio/Joan-Culla-Degenerescencia_0_2006199500.html

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