Nuevo revés a la justicia española. La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha decidido hoy extraditar a España al president Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por un presunto delito de rebelión ni de sedición, como pedía el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Eso quiere decir que si Puigdemont fuera extraditado a España, en ningún caso podría ser juzgado por ninguno de los otros dos delitos de los qué lo acusaba el magistrado del Supremo.

Además, Puigdemont seguirá estando en libertad en Alemania con el mismo régimen que hasta ahora, pudiendo recurrir la decisión de la justicia alemana, por lo que la extradición sólo se hará efectiva si así lo aprueba la Fiscalía alemana.

El tribunal sustenta que los actos que denunciaba Llarena no encajan con el delito alemán de alta traición, porque sustenta que nunca ha habido violencia.

Ahora bien, el tribunal alemán reclamó al juez del Supremo el escrito del ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el que negaba la malversación del 1-O, después de que asegurara a en abril de 2018 que la Generalitat no destinó “ni un euro” por y para el referéndum.

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