ES DECIR, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN ESPAÑOL TRABAJA PARA VULNERAR LOS DERECHOS DE LOS PRESOS POLÍTICOS

El Tribunal Constitucional fijó como estrategia la admisión a trámite de recursos de presos del procés para impedir la internacionalización del juicio que se celebró en el Tribunal Supremo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Así lo reconocen fuentes del alto tribunal a Europa Press.

Este modo de proceder se estableció respecto de cerca de medio centenar de recursos de amparo presentados por los político hoy condenados contra disposiciones del Tribunal Supremo, y ello permitió dejar estos asuntos fuera del alcance del órgano de garantías con sede en Estrasburgo durante la celebración del juicio en el alto tribunal y hasta el dictado de la sentencia por sedición.

Según las mismas fuentes del TC, esta estrategia consiguió configurar una sólida jurisprudencia en torno a asuntos sobre los que aún no se había pronunciado el tribunal de garantías como son los derechos políticos, lo que lo consideran muy “satisfactorio”.

Muchas de estos recursos de amparo se están resolviendo estos días por sentencia, como las ya notificadas sobre la negativa del Supremo a lo largo de 2108 a conceder permisos para que algunos de los entonces investigados, como el líder de ERC Oriol Junqueras y otros exconsellers que fueron elegidos diputados, pudieran eludir la prisión preventiva y acudir al Parlament.

De momento, el TC ha avalado las decisiones del Supremo y no consta que hayan sido recurridas ante el órgano de Estrasburgo.

Si el Constitucional hubiera inadmitido a tramite todos estos recursos de los presos, hubiera permitido a las defensas de los encausados denunciar seguidamente una vulneración de derechos ante el TEDH que podría haber sido resuelta, o al menos admitida, antes de que existiera una sentencia sobre el caso. Hecho que se intentó evitar.

Para coordinar los trabajos técnicos se constituyó en el TC, según las mismas fuentes, un grupo de trabajo con casi una decena de letrados bajo la dirección del magistrado Cándido Conde-Pumpido.​

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