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El abogado y analista político Luis Carlos Domínguez, en entrevista para teleSUR, explicó que la decisión del Ministerio de Defensa de Colombia de separar a tres altos mandos militares de sus cargos, se produjo ante el gravísimo escándalo de corrupción que afectaba a las Fuerzas Armadas y que, sin embargo, era conocido desde hace mucho tiempo.

Uno de los que fueran guerrilleros de las FARC, el hoy diputado colombiano Jesús Santrich, protagoniza una nueva polémica tras haber abandonado supuestamente el país, mientras realizaba un viaje por el departamento del Cesar, fronterizo con Venezuela, donde se le suponía refugiado, aunque la noticia ya ha sido desmentida.

La desaparición de Santrich fue informada por el gobierno, que puso una vez más en duda el compromiso del ex guerrillero con los acuerdos de paz.

Sin embargo, la realidad muestra que mesnadas de elementos paramilitares actúan impunemente en Colombia, asesinando selectivamente a líderes sociales, sindicales, ex guerrilleros y defensores de los DDHH.

Ello evidencia que el gobierno de Iván Duque torpedea los resultados de las conversaciones de paz en la Habana y los acuerdos de reconciliación logrados en aquellas negociaciones.

El ex líder de las FARC, Jesús Santrich, se refugia en Venezuela, mientras los continuos asesinatos de ex miembros de la guerrilla colombiana, líderes sociales y defensores de los derechos humanos, ratifican que el régimen de Iván Duque sigue los pasos del criminal Álvaro Uribe, quien comanda los grupos paramilitares del país, ante la pasividad de la Corte Suprema de Justicia, similar al Tribunal Supremo español, hondureño o paraguayo.

Tras la revelación de pruebas contundentes que involucran al Ejército colombiano en actos de corrrupción y persecución, el analista Luis Eduardo Celis aseguró que no hay ni una sola señal que indique la mínima voluntad del presidente Duque para corregir estos delitos porque “el gobierno actual no es amigo de ampliar la democracia“.

Defensores de Derechos Humanos y líderes sociales denuncian ante la Procuraduría General de Colombia la expansión de grupos paramilitares en Bogotá, mientras el régimen de Iván Duque parece proteger los asesinatos que siguen cometiendo esas mesnadas terroristas.

El ex combatiente y hoy senador colombiano Jesús Santrich, sigue desaparecido después de dos días. Se le reclama no haber permanecido bajo resguardo ya que al viajar al interior del país, su seguridad está en riesgo.

El abogado del senador Santrich, Luis Carlos Domínguez Prada, explicó en Telesur que la desaparición del diputado Jesús Santrich, no quiere decir que se haya fugado por la persecución del gobierno.

Domínguez, aseguró que Santrich se presentará a su cita en la Corte Suprema de Justicia, la próxima semana. Agregó que si se separa del acuerdo de paz, se ceñirá a lo que estipulan los acuerdos de La Habana, pero eso no ha sucedido. “No se ha fugado de ninguna parte“, afirmó el letrado.

VENCIENDO LA DISCAPACIDAD

Una abogada colombiana, rompe los estereotipos de las personas en condición de discapacidad en su país.

La carencia de sus extremidades superiores se ha convertido en un motor de superación ,que la ha llevado a inspirar a muchos.

Su labor ha sido reconocida por la Alcaldía de Bogotá, donde hoy trabaja enseñando a los funcionarios públicos a no rendirse y alcanzar sus sueños.

Iván Duque se reúne con Mauricio Macri en la Casa Rosada en su primera visita oficial a Argentina. El presidente colombiano destaca la amistad entre ambas naciones y busca fortalecer el comercio bilateral, así como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Además, ambos han puesto de relieve su postura común sobre la situación en Venezuela.

El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, rechazó los señalamientos que en su contra hizo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, quien lo vinculó con el desaparecido capo del extinto Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.

EL YA DESAPARECIDO PABLO ESCOBAR NOMBRÓ EN ALGUNA OCASIÓN AL MINISTRO DE EXTERIORES COLOMBIANO COMO UNO DE SUS GRANDES AMIGOS

“En esta oportunidad [Cabello] pretende enlodar mi nombre haciendo uso del fragmento de un vídeo que ha sido explicado hasta la saciedad y en el cual no se hace referencia a mi persona, es decir, acude de nuevo a la falsedad”, dijo Trujillo a través de un vídeo difundido a la prensa por su despacho.

En una actividad en el estado venezolano de Apure (centro-oeste), Cabello afirmó que “esa dirigencia colombiana que hoy gobierna Colombia (…) tiene como canciller a un personaje aliado de Pablo Escobar Gaviria: el canciller colombiano, el de hoy, lo nombra Pablo Escobar Gaviria como compañero“. Además, Cabello dijo que la clase alta colombiana está infiltrada por el narcotráfico.

Cabello hizo esas declaraciones luego de que el ministro colombiano se reunió el 3 de junio en Moscú con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, ante quien afirmó que Bogotá responsabiliza de la situación de Venezuela al presidente Nicolás Maduro.

En su réplica de este 5 de junio, Trujillo dijo que tales señalamientos de vínculos con Pablo Escobar “provienen de una persona [Cabello] que está señalada por las autoridades de EEUU de haber incurrido en gravísimos delitos, entre ellos el lavado de activos producto de la corrupción y el narcotráfico”.

Asimismo, indicó que con sus aseveraciones, el asambleísta venezolano “acude nuevamente a la criminal práctica de la mentira, la injuria, la calumnia, la falsedad contra personas y el insulto contra los colombianos”.

Los señalamientos de Cabello se basan en un vídeo previo a las elecciones parlamentarias del 14 de marzo de 1982, en las que participó Pablo Escobar y en las que mencionó a “Carlos Holmes Trujillo” y a otros parlamentarios por su apoyo en la política.

Sin embargo, al parecer Escobar se refería al padre del actual canciller colombiano, quien sí fue congresista, mientras que su hijo nunca ha sido parlamentario y cuyos cargos de elección popular fueron la Alcaldía de la ciudad de Cali (suroeste) entre 1986 y 1988 y delegado de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991.

Para la época del vídeo, Trujillo se encontraba como cónsul de Colombia en Japón, cargo en el que estuvo hasta el 7 de septiembre de 1982.

Pablo Escobar fue el fundador y máximo líder del Cartel de Medellín hasta el día de su muerte, el 2 de diciembre de 1993, cuando fue disparado por las autoridades en una casa que le servía de refugio en un elegante sector de esa ciudad, en el noroeste de Colombia.

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201906051087517947-holmes-trujillo-niega-vinculo-con-pablo-escobar/

NOTA.- Resulta notoria la relación del ex presidente y genocida Álvaro Uribe con el narcotráfico y los asesinatos perpetrados por los terroristas paramilitares durante sus años como mandatario en Colombia, como muchos altos cargos del ejército y la policía de aquel régimen. Más del 50% de la burguesía y la clase política derechista que ha gobernado y aún rige la nación sudamericana está implicada en tales crímenes.

No resulta extraño que el canciller Holmes Trujillo pertenezca a la Mafia del narcotráfico, como de los continuos asesinatos de ex guerrilleros/as y defensores de los DDHH.

Es más: no me extrañaría nada que Josep Borrell mantenga una estupenda relación con Holmes. Ambos odian a Nicolás Maduro más que a la democracia.

Tras los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Gobierno y el mayor grupo armado del país sudamericano, los ex combatientes emprendieron un largo recorrido por la reintegración a la sociedad.

UN EX GUERRILLERO DE FARC TRABAJANDO EN UN PROGRAMA DE REINSERCIÓN CIVIL EN COLOMBIA. 5 DE DICIEMBRE DEL 2018. /ARN IMÁGENES/

Se escucharon dos disparos, rápidamente seguidos de otros dos. Jason Moncada, de 14 años, se tiró al suelo aquel día de 2004 cuando se dirigía a su escuela; un suelo de tierra resecada, como la mayoría de los caminos que conformaban la zona rural del Meta, una de las 32 localidades de Colombia.

Jason divisaba con claridad —se encontraba justo en el medio—, el enfrentamiento armado que sucedía repentinamente frente a sus ojos. Desde arriba, en las extensas colinas que encerraban a la región, estaban los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo armado del país y con una ideología marxista-leninista.

Por debajo, y delante suyo, facciones paramilitares, creadas por fuera del Estado para contrarrestar a la izquierda armada. Reconoció las armas de estos últimos: una AK- 47, fusil de calibre 23. También otras ametralladoras.

En ese instante, mientras la balasera aumentaba y cubría su cabeza con ambas manos, se acordó del consejo de sus padres y maestros: “No corras. Si no hay un lugar dónde esconderse, quédate en el suelo hasta que termine la confrontación”.

Aquel día, Jason Moncada, después de permanecer media hora boca abajo, volvió a su casa sin asistir a clases. Desde entonces, los enfrentamientos se habían vuelto una constante en Vista Hermosa, la zona donde vivía con su familia en el Meta: tiroteos de camino a la escuela, en las inmediaciones del colegio, en la esquina de su casa.

El alarmante escenario llevó a que sus padres tomaran medidas de seguridad para su hijo y sus cuatro hermanos: les prohibieron volver a las aulas. “Se quedan en la casa“, atinaba a decirles su madre cada vez que pedían volver.

No más fútbol con sus compañeros en los recreos ni más enseñanzas sobre Ciencias Naturales, su asignatura preferida. Pero lo que más enardeció a Jason no fue el abandono escolar, sino la presencia, cada vez más frecuente, de paramilitares. Los veía merodear por su barrio, amedrentando a distintos vecinos y armados hasta los dientes.

Una tarde del 2005, cuando salió de su vivienda a buscar leña para cocinar, fue acorralado por un grupo. Lo llevaron, a punta de pistola ─una AK-47─, a lo profundo de los suburbios. En el camino lo insultaban, lo amenazaban de muerte y le repetían una y otra vez que pertenecía a las FARC. “Usted es un informante“, afirmaban los paramilitares.

Tras un violento interrogatorio, que incluyó golpes y ahogamientos en un lago cercano, lo liberaron. Aquel día, el adolescente de 15 años tomó una decisión drástica: se uniría a las FARC por ocho años y a la guerra civil más extensa en la historia de América Latina.

EL GOBIERNO COLOMBIANO HA TRAICIONADO MUCHOS DE LOS ACUERDOS DE PAZ LOGRADOS EN LA HABANA, A LO LARGO DE TRES AÑOS

Desde que, en 2016, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmara el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) —decreto que oficialmente puso fin al conflicto armado que duró 52 años—, los 7.800 miembros que alcanzó la organización a lo largo de todo el país comenzaron un nuevo camino: su reintegración a la vida civil.

En 2017, las FARC iniciaron un proceso de despojo material. Entregaron, bajo supervisión de la ONU, las armas de la guerrilla para su fundición y, además, declararon en su posesión 241.560 hectáreas de inmuebles, entre otros bienes, que otorgaron al Gobierno, y cuyo valor ascendía a 963.241 millones de pesos (unos 322 millones de dólares).

En el mismo año, la organización pasó a conformarse como un partido político legal —Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común—, con participación dentro del Congreso, obteniendo cinco bancas de diputados y senadores en las últimas elecciones del país sudamericano.
Del fusil en la selva al sueño de la Universidad.

La voz de Jason Moncada, hoy de 29 años, llega diáfana desde Bogotá, capital de Colombia. Vive allí junto a su primer hijo y su pareja, luego de permanecer ocho años asentado en la guerrilla, viajando a las profundidades de la selva colombiana, y después de pasar otros cuatro años detenido en una prisión estatal, cuando fuerzas del Gobierno lo capturaron en 2012.

Tras el tratado de paz en 2016, y por el cual fue liberado, Moncada logró finalizar los estudios secundarios que había abandonado en su adolescencia, a través de un programa educativo creado para que los excombatientes puedan comenzar a reinsertarse en la vida civil de su país. Su camino desde entonces, admite, “no fue fácil” porque, para muchos, las FARC eran la única opción que les quedaba.

“Cuando llegué la primera vez al campamento en el Meta, había muchos jóvenes que, al igual que yo, terminaron allí por una necesidad. Miraban la guerrilla como una opción de defensa o una forma de sentirse mejor amparados. Por la violencia que se había desatado, ninguno de nosotros pudo continuar con sus estudios, como quizás sí ocurría en otros puntos de zonas más pacíficas. Esa falta de oportunidades es lo que hace que muchos se alisten. Y cuando uno entra, la verdad, se enamora. Es una nueva vida que usted va a comenzar. Es difícil, claro, pero la ejemplaridad que hay allí, el afecto, la hermandad, la fraternidad y todo este montón de cosas que a uno lo hacen como enamorarse más y decir ‘este era el camino que yo buscaba’. No es el mejor, pero no había otra alternativa”, detalla Moncada en diálogo con RT.

En 2016, Moncada fue convocado a participar en la Fundación Fucepaz (Fundación Colombiana de Ex combatientes y Promotores de Paz), organización creada por exintegrantes de la guerrilla y amparada por el Estado, que tiene como objetivo final la reinserción.

A través de un programa educativo, el joven accedió a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para finalizar sus estudios de bachiller. En 2017, Jason obtuvo su titulación, junto con otros 733 exguerrilleros que se graduaron desde que comenzó la iniciativa en 2014.

EX COMBATIENTES DE FARC FINALIZAN SUS ESTUDIOS EN LA UNAD. / TWITTER / @UNIVERSIDADUNAD

“La experiencia de graduarme en el programa de la UNAD fue increíble. Aunque por mi conocimiento pude hacer un año acelerado y terminar antes que otros, la integración con que los profesores abordan a los estudiantes es muy buena. No solo asistíamos a clase, sino que los maestros también se acercaban a algunas zonas de difícil acceso para que todos pudieran participar y no quedar afuera. Tengo la esperanza de ingresar a la universidad para seguir la carrera de Ciencias Ambientales. Desde pequeño me gusta mucho la fauna y la naturaleza. En mi tiempo con la FARC aprendí mucho en la selva. Aunque aún no existe un programa para comenzar la universidad (en Colombia no hay educación superior gratuita), espero poder aplicar a alguna beca. Tras la vida que tuve, quiero progresar. Uno invirtió mucho tiempo en la guerrilla”, finaliza Moncada.

Areliz Perez Orejuela tiene 40 años y actualmente vive en Bogotá. A la edad de los 15, en la misma región del Meta, decidió unirse a las FARC, luego de ser desplazada violentamente por grupos paramilitares de San José de la Isla, el pueblo donde se crió junto a su familia. El día que llegó por primera vez al campamento donde permaneció durante 20 años, hasta que fue capturada por el Gobierno en 2015, supo que aquel era su “lugar en el mundo”.

“Desde muy pequeña anhelaba con unirme. Pero debía esperar hasta los 15, que es la edad permitida. Y fue, principalmente, porque los grupos paramilitares me desplazaron con mi familia. Ahí comenzó mi sueño de ser guerrillera y formar parte de la organización. Pero, que no se malentienda, uno no ingresa solo a disparar un arma. Así como tenía entrenamiento militar, también tenía cursos políticos en donde le enseñan a uno cuál es el origen de nuestra historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y por qué estamos aquí. Entonces uno empieza a ir creciendo políticamente. O sea, es ir entendiendo todo: las causas que iniciaron la lucha armada”, explica Orejuela.

MIEMBROS DEL PRIMER FRENTE DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC), PATRULLAN LA SELVA A LO LARGO DEL RÍO INÍRIDA EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / RAUL ARBOLEDA / AFP

En 2016, cuando fue liberada, Areliz se acercó a Fucepaz para iniciar su regreso a la vida civil y, también, finalizar sus estudios. Admite que lo que más le costó no fue dejar el fusil con el que dormía en la selva por las noches, sino volver a hacer una fila para obtener un turno médico.

“La adaptación nos costó —cuenta Areliz— no tanto porque uno deje las armas, sino por el tiempo que uno ha estado insertado en otra dinámica, llevando las cosas de otra manera. Por ejemplo, en Fucepaz nos enseñaron muchas cosas que hasta ahorita nosotros nunca lo habíamos vivido. Por ejemplo: ir a hacer una fila para sacar una cita médica. Nosotros nunca pasamos por eso. Es decir, a los 40 años, nunca había hecho una fila para pagar el recibo de alguna cuenta o tomar el transporte público en la ciudad. Junto con otros excombatientes, luego de la firma del tratado de paz, comenzamos a vivir en un hotel de Bogotá y los maestros se acercaban hasta ahí para darnos la clase. En 2017 terminé el bachiller y ahora me gustaría ingresar a la Universidad para continuar la carrera de psicología”.

DEL COMBATE ARMADO AL MUNDIAL DE RAFTING EN AUSTRALIA

No solo los programas educativos para ex integrantes de la FARC funcionan en Colombia. El deporte también es un disparador colectivo que impulsa a la integración en la sociedad. El pasado jueves, 11 de mayo, cinco ex combatientes viajaron a Australia para participar del Mundial de Rafting, invitados por la Federación Internacional del deporte acuático.

Los ex guerrilleros, provenientes de la ciudad de San Vicente del Caguán, en Caquetá, —una de las zonas más violentas durante el conflicto armado—, fueron capacitados como guías de rafting, a través del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), un programa similar a la UNAD cuyo objetivo apunta a la reinserción civil.

EX INTEGRANTES DE LAS FARC EN EL MUNDIAL DE RAFTING DE AUSTRALIA. 20 DE MAYO DE 2019. / TWITTER / @REMANDOPORLAPAZ

El deporte, que consiste en el desplazamiento de un bote con la ayuda de remos sobre la corriente de un río en descenso, es popular en la zona donde está el ETCR, debido a que está atravesada por dos extensas cuencas fluviales: Caguán y Yari.

Bajo el lema ‘Remando por la Paz’, el equipo, que cuenta con otros tres miembros ajenos a la organización armada, reunió los fondos necesarios para financiar su participación en Oceanía con un emprendimiento dedicado al turismo aventura, que ofrecen clases de rafting en los ríos de su ciudad, además de diversos aportes privados.

AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), antes Agencia Colombiana para la Reintegración, se creó en 2011 como una unidad estatal encargada de fortalecer la implementación de la política para el retorno de actores del conflicto armado a la vida civil.

Desde el organismo impulsaron el programa educativo de la Universidad Abierta y a Distancia y, según sus cifras, más de 5.879 excombatientes de las Farc-Ep ingresaron para terminar sus estudios.

Guadalupe Guerrero, asesora legal de los programas de la ARN, admite que el reto más difícil que la agencia debió superar, luego de los acuerdos de paz en La Habana, fue la generación de confianza con los excombatientes.

COMBATIENTES DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC), CAMINAN CON LA BANDERA COLOMBIANA EN EL CAMPAMENTO DONDE RATIFICARÁN UN ACUERDO DE PAZ CON EL GOBIERNO, CERCA DE EL DIAMANTE EN YARI PLAINS, COLOMBIA. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Era un grupo masivo que, desde sus inicios, estaba en contra del Estado colombiano y, con el tiempo, de nuestro organismo. No creía en él. Llevamos un tiempo arduo trabajando junto a ellos, pero reconocíamos ciertas distancias. Es por eso que comenzamos a incorporar a exintegrantes de FARC para trabajar en la agencia, con el objetivo de ampliar las relaciones y comprender mejor el terreno de trabajo”, explica Guerrero.

La funcionaria también reconoce que, en sus inicios, la ARN mantuvo un programa “asistencial” que fue corrigiendo.

“El programa de reintegración solía ser por solo dos años y tendía a resultar como meramente asistencialista. Lo ampliamos a un proceso integral, comprendiendo todas las dificultados que trae una persona que viene de la guerrilla. Hoy trabajamos a través de ocho dimensiones, entre las que se destacan: la salud, la cuestión familiar, educativa, económica, de seguridad y personal. A partir de identificar las debilidades, emprendemos el proceso de reinserción”, detalla la asesora legal.

MUJERES EX INTEGRANTES DE FARC TRABAJANDO EN UN PROYECTO DE REINSERCIÓN LABORAL. 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 / ANR IMÁGENES

Respecto del programa educativo, Guerrero asegura que apunta a una alfabetización en donde los profesores se acercan a los ingresantes:

“Creamos el proyecto ‘Maestro Itinerante’, cuyo objetivo es llegar a las poblaciones que se encuentran en zonas periféricas del país, con difícil acceso, en donde también se detectan estos grupos. Además, contamos con una oferta educativa rural, destinada a las poblaciones que viven de la tierra y mantienen otras dificultades”, finaliza la funcionaria.

VIOLENCIA EN UN CONTEXTO DE PAZ

Aunque la firma del acuerdo entre el Gobierno y las FARC implicaba el cese de la violencia política en el país sudamericano, los ataques contra ex miembros continúan.

La semana pasada trascendió el asesinato del primer excomandante del extinto grupo insurgente, conocido como Wilson Saavedra, quien había participado en la rúbrica de la paz en 2016 y se acogió a su proceso de reinserción a la vida civil.

Saavedra fue ejecutado a tiros por dos sujetos que viajaban en moto en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca (oeste del país), cuando dirigía a comprar una torta de cumpleaños para su hijo. Con su muerte, suman 131 los ex combatientes de la guerrilla asesinados, según un recuento de Semana.

El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), una ONG de Colombia dedicada a las defensa de los derechos humanos, dio a conocer recientemente las cifras sobre la violencia política en el país, y detalló que, durante el 2018, se registraron 648 muertes por esta causa.

Facundo Lo Duca

https://actualidad.rt.com/actualidad/315472-adios-armas-exguerrilleros-farc-colombia-paz

La defensora de los derechos humanos Paula Andrea Rosero Ordóñez fue asesinada la noche del lunes por un grupo de desconocidos en el departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia, informaron fuentes oficiales.

Rosero Ordóñez, de 47 años de edad, era la representante del Ministerio Público de la población de Samaniego y ya antes había denunciado amenazas en contra de su vida.

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