Category: CORRUPCIÓN


¿QUIÈNES SON LOS TENISTAS “IMPORTANTES” QUE AMAÑAN SUS PARTIDOS PARA FAVORECER A LA MAFIA DE LAS APUESTAS? NO SE PREOCUPE QUE NUNCA SE SABRÁ

La Guardia Civil española encabezó una operación para desmantelar a un grupo de crimen organizado involucrado en “manipular competiciones de tenis profesional“.

El operativo se llevó a cabo en una fecha no especificada en Madrid. Un total de 83 sospechosos fueron arrestados, 28 de ellos jugadores profesionales, incluido uno que participó el año pasado en el Abierto de Estados Unidos.

Se investiga si los jugadores se prestaron para la manipulación de resultados, después de recibir sobornos de una red armenia desmantelada en octubre de 2018.

Quince personas siguen detenidas, mientras que el resto continúa bajo investigación. 167.000 euros ( 192.000 dólares) en efectivo fueron decomisados durante la redada en once domicilios, donde también se encontraron armas de fuego.

La policía dijo que la banda sobornaba a los jugadores para garantizar resultados predeterminados y utilizaba las identidades de miles de ciudadanos para colocar apuestas internacionales en los partidos.

Recordemos que hace más de dos años la BBC reveló detalles sobre el amaño de partidos con jugadores de la élite del tenis mundial. Nada menos que 16 de los mejores 50 tenistas de la ATP habrían amañado sus encuentros, para favorecer a la Mafia de las apuestas y cobrar una jugosa “mordida”.

Con motivo del estreno de la película de terror “El Imperio de la Ley”, que dirige Felipe VI y protagonizan, entre otros cómicos, Carlos Lesmes y sus Magis-tarados, les ofrecemos una crítica que publica hoy la web “Nacional.Cat”, firmada por Nicolás Tomás.

Los nuevos jueces han de defender el “carácter irrenunciable del imperio judicial. Este ha sido el reclamo que ha hecho el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, durante la entrega de los despachos a la 68ª promoción este martes en Madrid.

A los nuevos magistrados les ha recordado que el poder judicial “constituye hoy un pilar fundamental dentro del entramado institucional de nuestro Estado“.

Durante su discurso, el presidente en funciones del CGPJ y del Tribunal Supremo ha cerrado filas con Felipe VI, que presidía el acto. En varias ocasiones le ha agradecido su presencia, pero también su apoyo al poder judicial. Frente a esto, ha respondido mostrando su “compromiso más firme” con el jefe del Estado.

De la misma manera que el Rey, Lesmes también ha hecho una defensa encarnizada de la Constitución española, a la que ha instado a seguir. Según ha dicho, la Carta Magna “ha proporcionado a los españoles a lo largo de estas cuatro décadas libertad, democracia, paz, estabilidad, convivencia y progreso”.

“El poder judicial constituye hoy un pilar fundamental dentro del entramado institucional del Estado”, les ha recordado el presidente del CGPJ. Aunque los ha avisado de que “los jueces no siempre desarrollamos nuestra tarea en condiciones óptimas”, les ha pedido que no se inspiren en “la soberbia del poderoso”, sino en la “humildad del servidor público”.

El acto de entrega de los despachos a los nuevos jueces ha estado marcado por un hecho: después de más de veinte años haciéndose en Barcelona, donde está la sede de la Escuela Judicial, este año ha tenido lugar en Madrid.

El motivo, según fuentes del CGPJ, es la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución y del 25 aniversario de aprobación de la ley que atribuyó al CGPJ la formación de los jueces. La ceremonia ha tenido lugar en la Real Academia Española (RAE).

De los 63 nuevos jueces de la 68ª promoción, Catalunya y Andalucía son las comunidades que recibirán más: 16 cada una. En el caso de los destinos catalanes, irán a los juzgados de Vic (tres jueces), Sant Feliu de Guíxols (dos jueces), Cervera, Cornellà de Llobregat, Figueres, la Bisbal d’Empordà, Reus, Tortosa y Vilafranca del Penedès.

https://www.elnacional.cat/es/politica/lesmes-nuevos-jueces-imperio-ley_341634_102.html


(Toni García-Rokambol).- Un nombre de pila relativo a la devoción por la Virgen María, seguido por dos apellidos, ambos de origen gallego, forman el curioso nombre en clave que aparece sobrevolando de manera sistemática todas y cada una de las tramas corruptas del Partido Popular, según se desprende de las pesquisas ordenadas por los jueces que instruyen los correspondientes casos.

Los investigadores han estado aplicando, sin éxito alguno, los últimos sistemas de descifrado que utiliza el servicio secreto israelí, e incluso han llegado a examinar el nombre a través de un cristal de colores sin conseguir absolutamente ninguna pista fiable sobre la identidad de supuesto capo.

En 2014 llevamos a cabo un pequeño experimento consistente en prescindir del segundo apellido y escribir simplemente Mariano Rajoy en la tabla de claves, pero ese nombre seguía sin decirnos nada”, reconocen desde la Fiscalía Anticorrupción.

“Después le añadimos las palabras Presidente del Partido Popular, tanto delante como detrás, y tampoco funcionó”, añaden los expertos en cifrado subjetivo del Poder Judicial.

Descifrar la identidad de “Mariano Rajoy Brey” y arrestarlo inmediatamente, podría ser de gran ayuda para poder desmantelar las numerosas bandas de ladrones que todavía hoy siguen saqueando España, según revelan todos los analistas, pero podría tratarse de un código encriptado que solo se desactiva cada cuatro años. O no.

COMO PREPARARSE PARA LA PRÓXIMA CRISIS GLOBAL

¿Se acerca la próxima crisis económica internacional? Varios datos macroeconómicos hacen prever el fin de un ciclo en EE.UU., la UE y países emergentes como Turquía, Argentina o Sudáfrica. ¿Cómo prepararnos para este escenario?

ESPAÑA: ¿JUECES O NOSTÁLGICOS DE LA DICTADURA?…

‘Golpistas’, ‘nazis’, ‘germen’ o ‘virus’: Estos son algunos de los insultos que aparecen contra el independentismo y sus dirigentes en un foro de jueces y magistrados de todo el Estado, amparado por el servidor del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Según han revelado ‘Eldiario.es’ y ‘El mundo’, en este chat (una especie de Intranet) varios jueces y magistrados han reproducido comentarios ofensivos hacia los dirigentes independentistas, desde el 1º de octubre hasta ahora y se ha comparado lo que ocurría en Catalunya con el nazismo.

‘Con los golpistas no se negocia ni se dialoga‘, se asegura en uno de los mensajes a los que han tenido acceso estos digitales.

Durante las conversaciones se habla de ‘germen independentista’, y uno de los magistrados incluso dice que se fue de Catalunya porque “iban a inocular el virus del odio en su hijo”.

Otros muestran su preocupación por la crisis en Cataluña sin comentarios ofensivos. ‘Es de esperar que los sediciosos catalanes los traten en prisión como Tejero‘, asegura un comentario.

Justo después de conocer la noticia, el PDECat ha pedido la comparecencia urgente de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y llevará los correos a la Fiscalía.

La formación considera ‘gravísimas y aberrantes’ las revelaciones, que certifican la ‘persecución ideológica’ del independentismo y la ‘total indefensión e inseguridad jurídica en el Estado’. Así, piden la ‘anulación inmediata’ de la causa judicial contra el Proceso.

Doble rasero

Las palabras de un juez en un espacio similar ya sirvieron para abrir una causa a la fiscalía. En ese caso fue el ministerio público quien denunció el juez Federico Vidal porque en un chat tildó de terroristas uniformados los policías que actuaron el 1-O.

En ese momento, la comisión disciplinaria del CGPJ culpó Vidal y lo multó con 600 euros porque consideró que los mensajes eran una falta grave de consideración a la policía judicial.

https://www.ara.cat/politica/PDECat-compareixenca-Justicia-al-CGPJ_0_2091391104.html

 

AMNESIA TRIBUTARIA SELECTIVA (Por José A.Martín Pallín*)

El Gobierno acaba de propinar un golpe bajo a la democracia y a los ciudadanos que la sustentamos al negarse a publicar la lista de los que han estafado a la Hacienda Pública, llevándose el botín, indiciariamente delictivo, a los paraísos fiscales, modernas cuevas de Ali Babá.

Estamos mal acostumbrados al incumplimiento de las promesas políticas realizadas cuando no se tiene la responsabilidad de tomar decisiones que exigen una mínima coherencia democrática y el debido respeto a los valores constitucionales.

Me parecen inconsistentes y carentes del más mínimo rigor constitucional y jurídico los argumentos esgrimidos desde diversos sectores del Gobierno.

De forma atropellada y confusa, se ha esgrimido, como pretexto para justificar el incumplimiento de promesas anunciadas solemnemente desde la tribuna parlamentaria, la protección de derechos fundamentales como el honor, la intimidad, la privacidad y la confidencialidad de los datos reservados.

En un país democrático, la única barrera aceptable para justificar el secreto de la información transparente debida a los ciudadanos es la salvaguarda de la seguridad nacional.

Todo lo demás debe estar a disposición de la opinión publica, que tiene derecho a recibir una información veraz no sólo de los medios de comunicación, sino con mucho más motivo del propio Gobierno.

Los que manejan como excusa el derecho al honor parece que están totalmente desorientados y desconocen por completo las sentencias constitucionales y las resoluciones judiciales que han acotado el ámbito de este derecho fundamental.

El contenido del derecho al honor no puede erigirse en obstáculo para que se oculten o se protejan conductas sospechosas de haber incurrido en ilicitud.

Ni la Constitución ni la ley pueden garantizar al individuo contra el deshonor que nace de sus propios actos.

Descartado el derecho al honor, tampoco cabe excusarse en el derecho a la intimidad. Este derecho se compone de una serie de elementos de carácter espiritual y personalísimo que el individuo tiene derecho a poner a salvo de intromisiones ajenas, salvo con autorización judicial en casos de investigaciones de hechos delictivos.

Está íntimamente relacionado con el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad y no me parece que quienes defraudan a todos los ciudadanos, llevándose el dinero al extranjero y evadiendo las obligaciones tributarias, contribuya a forjar una personalidad digna de ser respetada.

El principio de la seguridad jurídica no puede erigirse en un valor absoluto cuando entra en insoportable contradicción con los principios constitucionales y éticos de solidaridad y con la obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas del pago de impuestos.

El principio de seguridad jurídica no concede al Estado y en este caso al Gobierno la facultad de convertirse en cómplice de los evasores y defraudadores.

También es obvio que la amnistía afecta a la seguridad jurídica y así lo ha declarado recientemente el Tribunal Constitucional al declarar la nulidad de la amnistía fiscal. Considero que es una decisión que contradice el valor justicia que tiene un rango superior para la estabilidad democrática de un país.

La sentencia del Tribunal Constitucional anula el Real Decreto que acuerda la amnistía fiscal de una serie de personas cuyos nombres eran conocidos por la Administración Tributaria antes de tomar la decisión de protegerles del reproche que nace del propio texto constitucional, que considera un deber moral contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.

Todos los ciudadanos tienen la obligación de pagar sus impuestos y no es menos sabido que un principio de equidad y proporcionalidad les permite cumplirla de acuerdo con su capacidad económica.

La Ley General Tributaria no se puede utilizar como coartada para un pacto de silencio, sin conculcar clamorosamente los principios de interpretación que exigen llegar a conclusiones que no sean arbitrarias, ilógicas o irracionales.

Se ha citado con reiteración y escasa solvencia jurídica el articulo 95 de la Ley General Tributaria que reconoce el carácter reservado, que no secreto, de los datos con trascendencia tributaria.

Se refiere no a las cantidades evadidas de manera ilegal y en algunos casos posiblemente delictiva, sino a los obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones.

¿Nos puede garantizar la Administración Tributaria que ha obtenido los datos de los evasores y defraudadores, en el desempeño de las funciones de controlar las declaraciones realizadas por los contribuyentes al liquidar los diferentes tributos a los que están obligados?

Fuera de estos casos, el deber de sigilo, según expresión de la Ley General Tributaria, desaparece y ningún funcionario o gobernante puede cometer un acto delictivo si hace publica la lista de defraudadores. Incluso los asesores del Gobierno deberían saber que la Unión Europea, en su lucha contra el fraude fiscal, autoriza la publicación de los nombres de evasores y defraudadores y así lo admite nuestra legislación tributaria.

La interpretación que ha realizado el Gobierno resulta todavía más irracional si comparamos el texto del artículo 95 con el 95 bis.

Este último precepto autoriza la publicación de la lista de morosos cuyos datos ha obtenido obviamente en el ejercicio de sus funciones tributarias.

Y para más agravio, añade que la publicación del listado de morosos no será rectificada ni resultará afectada por las actuaciones realizadas por el deudor con posterioridad a dicha fecha de referencia, en orden al pago de las deudas y sanciones incluidas en el mismo.

Es decir, que el moroso puede ser una persona física o jurídica, perezosamente pagadora o también una persona que haya tenido dificultades económicas que le han llevado a demorar el pago de lo que legal y transparentemente había cumplido tributariamente. La comparación no puede ser mas anómala e irracional.

El Tribunal Constitucional que anula el Real Decreto a petición precisamente del Partido Socialista en la oposición debió meditar el agravio comparativo que supone cualquier posibilidad de invocar la seguridad jurídica para dar argumentos inconsistentes al silencio cómplice.

La amnistía viene de amnesia. La amnesia es un signo inequívoco de una enfermedad degenerativa. La sociedad española no puede encajar y soportar resignadamente la desestabilización ética y colectiva que produce una decisión arbitraria que se pretende cubrir con un manto de legalidad.

La obligación tributaria, ya muy laxa debido a la inexistencia de una educación ciudadana, no puede contemplar el desmoronamiento de la moral colectiva.

Al final va a resultar cierto que Hacienda no somos todos y que los pícaros y delincuentes no reciben la respuesta obligada de un sistema democrático que se respete a sí mismo.

Las promesas legítimas incumplidas nos llevan a la desmoralización y, lo que es peor, a la resignación, la indiferencia o el cinismo. La calidad democrática está bajo mínimos y en riesgo de descomposición.

José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas.

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2018/07/25/amnesia_tributaria_selectiva_85371_2003.html

La película es “Justicia Para Todos”, dirigida por Norman Jewison en 1979, de la que un crítico espontáneo llamado Bonifacio escribió una hermosa reseña en 2007 que apareció en la web de Filmaffinity.

https://www.filmaffinity.com/es/film956275.html

Bajo el título de “Nuestra Justicia”, escribió una reflexión tan acertada como definitoria de la clase de justicia que existe en naciones aparentemente democráticas como EEUU y España. Debería leerla ese magistrado con aires de psicópata llamado Pablo Llarena.

Lean y disfruten. Parece que esta crítica estaba pensada para quienes desde su particular delirio, se inventan delitos y encarcelan a inocentes sin una sola prueba.

El crítico amateur soltó el látigo y la casualidad radica en que sus afirmaciones vienen pintiparadas a la reciente decisión (suprema prevaricación) de violentar los derechos de diputados catalanes a quienes HA ELEGIDO EL PUEBLO.

“Quienes han denigrado esta película `[se refiere a “Justicia para todos”], -tachándola de exagerada, de poco creíble-, tal vez pueden saber mucho de cine, pero no conocen bien cómo funcionan los tribunales de justicia, ni aquí en España, ni mucho menos en USA.

Hay un dicho entre los abogados que dice “sólo en los juzgados los burros vuelan”. Con ello ponen de manifiesto la incertidumbre cuando se espera una sentencia judicial, “cualquier cosa puede esperarse“.

Tal vez sea exagerada esa expresión, o incluso algunos pueden pretender ocultar tras ella su falta de profesionalidad, pero es tan real como cotidiana.

Justicia para todos” es una gran película que pone de manifiesto cómo funcionan los Tribunales de justicia, qué gente es la que administra justicia, –algunos desequilibrados o gente excéntrica-, así, con abogados picapleitos sin escrúpulos, que defenderían al mismo diablo si les pagara bien (así también con Al Pacino, la película Pactar con el diablo), o jueces y funcionarios desequilibrados que utilizan la ley para saciar sus complejos o sus ansias de poder; y ante ellos gente inocente que por circunstancias aparentes o por hechos irrelevantes se pueden ver gravemente acusados.

Esta es nuestra “Justicia”, la de nuestros tribunales, la real, la que está llena de injusticias, la justicia incompleta, la que queda por hacer.

LOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO HAN QUEDADO EN RIDÍCULO, EN EVIDENCIA, ANTE TODOS LOS TRIBUNALES EUROPEOS, DEMOSTRANDO QUE EL FRANQUISMO NO HA DESAPARECIDO EN EL RÉGIMEN ESPAÑOL

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