Category: JUSTICIA


EN ESPAÑA LA TORTURA ES UNA PRÁCTICA CIEN VECES DENUNCIADA Y OTRAS TANTAS EL TRIBUNAL EUROPEO DE DDHH HA LLAMADO LA ATENCIÓN EN MÁS DE TRES OCASIONES A JUECES COMO MARLASKA (HOY MINISTRO DE INTERIOR) POR NEGAR LOS MALOS TRATOS. AHORA, EN EEUU, UNA JUEZA DECRETA QUE LAS TORTURAS SON UN SECRETO DE ESTADO

Una jueza federal del Distrito de Columbia (EEUU) dictaminó, en un extenso informe elaborado en 2012 por el Congreso del país norteamericano sobre las prácticas de tortura de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que esos hechos deben permanecer clasificados como secreto de estado.

Partes de ese documento de miles de páginas fueron filtradas dos años después por una senadora demócrata, pero el resto ha permanecido desconocido para el público desde entonces.

En respuesta a una demanda del reportero de investigación Shawn Musgrave, que buscó acceder al informe, el tribunal estableció que el documento «no califica como un registro público sujeto al derecho de acceso público», según publica el periódico Los Angeles Times.

La razón es que los senadores pretendían recopilar información y no hacer recomendaciones ni proponer legislación alguna, aunque el trabajo formaba parte efectiva de una investigación parlamentaria. 

«El informe contiene datos ampliamente definidos sobre las políticas y procedimientos de detención e interrogatorio de la CIA, que comprometerían la seguridad nacional si se divulgaran, superando con creces el interés público en la divulgación«, concluyó la jueza.

Además, un caso anterior concluyó que el documento era un «registro del Congreso» y, por tanto, no podía obtenerse a través de solicitudes estándar de la Ley de Libertad de Información.

Pese a ello, Musgrave insistió en el «derecho a saber», tal como habían hecho otros demandantes que fundamentaron en esa ley sus litigios anteriores, mientras que el abogado del periodista prometió apelar el fallo.

FUENTE: RT EN ESPAÑOL

LA IDEOLOGIA REINANTE EN EL PODER JUDICIAL DETERMINA SU TOTAL DEPENDENCIA DE LA POLÍTICA

Unos son conservadores (PP) y otros progresistas (PSOE), y con ese timo construyen una realidad distópica que, en el caso de la justicia, por aquello de la tan cacareada separación de poderes, se convierte en un ejercicio patético.

El gobierno de los Jueces, el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) de mayoría PP, se niega a elegir -como le corresponde- a dos juristas para el Tribunal Constitucional, que, junto a otros dos que tiene que nombrar el gobierno, serían ya 4 que se necesitan para desatascar al órgano.

Recordemos aquí que el propio Tribunal Supremo tiene a su vez catorce vacantes sin cubrir y en los próximos meses serán veinte, lo que representa el 25% de sus efectivos.

Los tira y afloja de unos contra otros pero siempre dentro del sistema, ya que los elegidos obedecen las directrices de ambos partidos, ofrecen un panorama muy descriptivo de cómo está la justicia y sobre todo cuál es su función.

El disimulo que deberían tener sus señorías sobre su ideología para aplicar la ley (que por cierto parieron sus jefes del PP y el PSOE), saltó por los aires en caso de haber existido en algún momento. Nos acordamos en esta etapa del «Sí se puede», ¿el qué?.

FUENTE: INSURGENTE.ORG

El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó este miércoles que España «violó los derechos políticos de ex miembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña» al suspender de sus funciones públicas a todas las personas encausadas en el ‘procés’, antes de que fueran condenados en 2019, tras el referéndum independentista de 2017.

El dictamen de este órgano asesor de la ONU, cuyas decisiones no tienen carácter vinculante, da la razón a una denuncia presentada en 2018 por el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los ex consellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes alegaron que la suspensión de sus funciones, sin existir una condena previa,  violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y España violó esos derechos.

El comité de los DDHH, integrado por 18 expertos independientes, subraya que los denunciantes fueron suspendidos tras ser acusados por un delito de rebelión (falsa acusación ya que exige un alzamiento violento) pese a que habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica, que sin embargo fue golpeada, apaleada y agredida de todas las formas imaginables. 

Finalmente, los representantes legítimos del pueblo catalán fueron condenados en 2019 por sedición, que no implica el uso de violencia. La suspensión de los cuatro denunciantes se había decidido en julio de 2018, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la suspensión de funcionarios públicos sólo cuando se les acusa de rebelión, no de sedición, por lo que los tribunales españoles perpetraron un delito de prevaricación… “en sesión continua”.

«Las salvaguardias contra las restricciones de los derechos políticos deben aplicarse con mayor rigor si estas restricciones se producen previamente, y no posteriormente, a una condena por un delito«, comentó al presentarse el dictamen uno de los 18 miembros del comité de Naciones Unidas, la francesa Hélène Trigoudja.

La integrante del Comité, que preside la griega Photini Pazartzis, agregó que «la decisión de suspender a oficiales electos debe basarse en leyes claras y previsibles que establezcan motivos razonables y objetivos para la restricción de los derechos políticos, y debe aplicarse sobre la base de un análisis individualizado«.

Los dictámenes del comité, un mecanismo que se autodefine como «cuasi-judicial», suponen recomendaciones que en principio no son vinculantes, pero sí se considera que deben ser tenidos en cuenta por los firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (entre ellos España), a cuyo artículo 25 se acogieron los denunciantes.

«El comité no es un tribunal pero lleva a cabo funciones jurídicas, emitiendo decisiones y recomendaciones a los Estados parte que se espera sean puestas en práctica«, aclara este órgano. En principio, la decisión tomada hoy concierne únicamente a los cuatro denunciantes, representados por el abogado Nico Krisch, y no al resto de los encausados por el ‘procés’.

La denuncia fue presentada el 18 de diciembre de 2018, coincidiendo con una visita a Ginebra del ex presidente del Gobierno autonómico Carles Puigdemont y la decisión final se publica el día en el que está prevista la del actual jefe de ese Ejecutivo regional, Pere Aragonès.

LOS AFECTADOS CELEBRAN EL DICTAMEN

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado el dictamen de la ONU: «Nos da la razón«. En varios mensajes de Twitter, Junqueras ha afirmado que esta resolución también evidencia «que España no puede seguir con estas prácticas represivas contra el independentismo«, y ha defendido que la única salida es la amnistía. El exdiputado Raul Romeva, por su parte, ha calificado el dictamen como un paso importante para el movimiento independentista y una mala noticia para el Estado: «No pueden seguir justificándose, ¡amnistía!», ha destacado.

FUENTE: https://www.elconfidencial.com/espana/2022-08-31/onu-a-favor-independentistas-cataluna-contra-espana_3483191/

El gobierno baraja «razones humanitarias» y su edad (76 años) como razones aceptables, en principio, para conceder la medida de gracia sobre el delito de malversación de fondos, pero a nadie se le escapa que su militancia en el PSOE y haber sido Presidente de la Junta es un factor fundamental.

En las próximas horas se hará pública una carta de apoyo al corrupto, donde apuntan la firma de políticos, deportistas, artistas y demás afines.

El resto de los condenados por el Supremo en la misma causa también solicitarán unos indultos que se estudiarán caso por caso al ser menos mediáticos. Lo que menos importa son las miles de pruebas y evidencias de su corrupción galopante que se aportaron durante casi 12 años.

Y pese a que ha pasado ese tiempo, y el refrán dice que la justicia tardía no es justicia, el Supremo confirmó la pena a todos los chorizos del Caso de los Eres.

fuent: insurgente.org

Al poco tiempo de que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania, los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, se apresuraron a entregar a Kiev una enorme cantidad de dinero y ayuda militar.

Decenas de países han prometido o entregado miles de millones de dólares en equipo militar a Ucrania.

Esta riada sin precedentes de armas ha aumentado el riesgo de que estas sigan otros derroteros, algo que ocurre cuando las armas y municiones no van a parar a las manos de sus destinatarios.

Dado que Ucrania es conocida desde hace tiempo por ser “uno de los mercados de tráfico de armas más grandes de Europa”, este aluvión de armas podría ser una receta para el desastre.

En pura lógica jurídica, personajes como Borrell, Von der Leyden, Macron, Sánchez, Duda, Zelensky, Schölz, Johnson, Biden, etc. deberían ser procesados en el Tribunal de la Haya y condenados como cómplices de miles de crímenes de guerra, genocidio y torturas.

Miles de argentinos manifiestan su apoyo a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, luego de su declaración a través de twitter en la que presentó testimonios y pruebas sobre las falsedades planteadas en el juicio en su contra en la llamada causa Vialidad.

Señalemos que el «Joder Judicial argentino», encallado ideológicamente en la dictadura argentina (como el español en el neofranquismo) lleva persiguiendo con falsedades y mentiras a la vicepresidenta, desde que ocupó el cargo de la presidencia tras el fallecimiento de su esposo Nestor Kirchner.

La vicepresidenta acusa al «Joder Judicial» de querer disciplinar a los dirigentes del país.

El abogado argentino Eduardo Barcesat explica que el proceso judicial contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández es un caso paradigmático de persecución judicial para buscar una proscripción política. teleSUR

El Ejército confirmó que se registran recientes provocaciones por parte de Australia y Canadá y desde el Gobierno se rechazó cualquier intento de desestabilizar el orden por parte de naciones extranjeras. teleSUR

EL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS EE.UU. DICTAMINÓ EN MARZO DE 2022 QUE LOS ESTADOUNIDENSES NO TIENEN DERECHO A CONOCER LOS ESPELUZNANTES DETALLES DE LAS TORTURAS DE LA CIA, PORQUE ESA AGENCIA NUNCA HA CONFESADO FORMALMENTE SUS CRÍMENES. EL CASO SIMBOLIZA CÓMO EL ESTADO DE DERECHO SE HA CONVERTIDO EN POCO MÁS QUE UN GALIMATÍAS LEGAL PARA ENCUBRIR DELITOS OFICIALES

En 2002, la CIA capturó a Abu Zubaydah, un radical palestino, en Pakistán y creyó falsamente que era un capo de Al Qaeda. La CIA lo torturó durante años en Tailandia y Polonia. 

Como señaló el juez Neal Gorsuch, la CIA aplicó el “ahogamiento” a Zubaydah al menos 80 veces, simuló entierros vivos en ataúdes durante cientos de horas” y lo maltrató para mantenerlo despierto durante seis días seguidos. 

La CIA ha admitido algunos de los detalles de la tortura, y el nombre de Zubaydah se mencionó más de mil veces en un informe del Senado de 683 páginas, publicado en 2014 sobre ese régimen de tortura. Pero el Tribunal Supremo permitió que la CIA pudiera declarar el caso como secreto.

LA RELIQUIA SAGRADA DE LOS “SECRETOS DE ESTADO”

Como señaló el fallo de la corte por 6 votos a favor y 3 en contra, el juez Stephen Breyer escribió: “Para hacer valer el privilegio de los secretos de estado, el gobierno debe presentar ante la corte una ‘reclamación formal de privilegio, presentada por el jefe del departamento que tiene el control sobre el asunto’”.

El tribunal confirmó el reclamo de «secretos de estado» para impedir que los abogados del luchador palestino entreguen citaciones a los autores intelectuales del programa de tortura de la CIA, para conocer los detalles de su interrogatorio en Polonia. 

El fallo del tribunal también bloquea la presencia de investigadores, que buscan información sobre los crímenes cometidos en un lugar de tortura de la CIA sito en un país como Polonia.

En 2019, el juez federal Richard Páez rechazó el reclamo de privilegio de la CIA porque «para ser un ‘secreto de estado’, un hecho primero debe ser ‘secreto'». Incluso el presidente de Polonia admitió que en su país, se cometieron crímenes en ese lugar de tortura de la CIA.

Pero el Tribunal Supremo hizo caso omiso del sentido común y dictaminó que «a veces, la información que ha pasado al dominio público puede, sin embargo, estar dentro del alcance del secreto de estado». 

Según el tribunal, la “verdad” depende únicamente de lo que los funcionarios federales hayan confesado públicamente. El abogado Dror Ladin, se quejó: “Los tribunales estadounidenses ejercen la justicia en el único lugar en el mundo donde todos estamos obligados a no conocer los hechos básicos sobre el programa de tortura de la CIA”.

El tema se complica aún más. El entonces jefe de la CIA, Mike Pompeo, afirmó que exponer los detalles de la tortura en Polonia, podría obstaculizar las relaciones de la CIA con otras  agencias de espionaje extranjeras. El tribunal confirmó la vigencia de los «secretos de estado para ayudar a la CIA a mantener la confianza en la que se basan esas relaciones entre las agencias de espionaje». 

El tribunal advirtió: “Confirmar públicamente la existencia de un sitio de tortura de la CIA en cualquier país en el que se haya instalado un lugar para que la agencia interrogue a sospechosos, puede disminuir la colaboración con otros servicios de inteligencia que pondrían obstáculos a la hora a cooperar con nosotros».

Pompeo describió sin rodeos el modus operandi de la CIA: “Mentimos, engañamos, robamos. Es como si tuviéramos cursos completos de capacitación”. 

En su decisión, el juez Breyer enfatizó: “Obviamente, este tribunal no aprueba ni el terrorismo ni la tortura, pero en este caso estamos obligados a decidir que si se obtienen resultados, puede aplicarse el secreto de estado”. 

El largo historial de asesinatos ilegales de la CIA sigue protegido por ese Tribunal, violando la Constitución, que a su vez es torturada por la CIA.

En cambio, la “confianza mutua” entre las agencias de espionaje  es más importante que la confianza que los estadounidenses deberían tener en su propio gobierno.

FUENTE: https://www.fff.org/explore-freedom/

NO ES LO MISMO SER UN SOLDADO DEL EJÉRCITO, QUE DECIDIR IR A MATAR CIVILES EN OTRO PAÍS, EN ESTE CASO DONBASS, RECIBIENDO DINERO DE UN GOBIERNO Y UN EJÉRCITO NEONAZI COMO EL UCRANIANO.
LA CONVENCIÓN DE GINEBRA ES CLARA EN ESE ASPECTO Y NO SE LES PUEDE APLICAR LAS NORMAS Y LEYES DE LA GUERRA. SON ASESINOS VOLUNTARIOS A SUELDO Y LA PENA DE MUERTE DEBE SER APLICADA

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este lunes en una entrevista para la cadena NBC que Rusia no puede garantizar que Andy Huynh y Alexander Drueke, dos mercenarios estadounidenses capturados durante los combates en Ucrania, no sean sentenciados a pena de muerte.

«Esta condena dependerá de la investigación«, señaló el vocero tras ser preguntado si los retenidos podrían enfrentarse al mismo destino que los dos ciudadanos británicos y el marroquí, condenados a la pena capital a principios de junio por el Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk.

En paralelo, Peskov señaló que Huynh y Drueke estuvieron involucrados en «actividades ilegales en territorio ucraniano«, dispararon contra los militares rusos, amenazando sus vidas, por lo que tienen que ser procesados.

En este sentido, Peskov recalcó que los capturados no forman parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, por lo que los Convenios de Ginebra no se aplica a ellos. «No entraría a explicar el aspecto legal del cautiverio”. “Una cosa está clara: han cometido gravísimos delitos«, reiteró, agregando que actualmente los dos estadounidenses retenidos permanecen en un lugar secreto pero adecuado. 

Por otra parte, el alto funcionario aseguró no tener información alguna acerca del paradero de Grady Kurpasi, el tercer veterano de las Fuerzas Armadas de EE.UU., quien se encontraba en Ucrania y recientemente la familia le ha dado por desaparecido. 

Peskov también estimó que la crisis por el conflicto en Ucrania será prolongada. «Sí, será una crisis larga. Nunca volveremos a confiar en Occidente», afirmó.

 

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