Category: JUSTICIA


En esta República Bananera Post Franquista, en la que todo quedó atado y bien atado, el poder ejecutivo elige al poder legislativo y entre ambos escogen a los miembros del poder judicial. Por tanto, no hay separación ni independencia de poderes; por este motivo, la imposición de la justicia es irresponsable y carece de credibilidad; quienes la imparten son los compiyoguis de la casta de seudo políticos del bipartidismo.

La sala que ha juzgado el Procés, es la misma que ha archivado innumerables casos de corrupción contra el PP, ha archivado el caso Máster del analfabeto de Casado, no tienen intención de investigar las mordidas que se llevó nuestro comisionista emérito por la adjudicación del Ave en la Meca, son solo algunos ejemplos de a quienes sirven estos jueces/zas franquistas.

Una vergüenza de proporciones descomunales, las condenas de entre 11 a 13 años para los políticos y de 9 años para los activistas sociales; las acusaciones por las cuáles fueron llevados a juicio, no se ajustan a la realidad, además de una interpretación muy particular en el momento de dictar sentencia, delinquiendo de forma flagrante en contra de todos nosotros, los españoles.

Los delitos de la acusación son la Rebelión y Sedición, vamos por partes, la rebelión es un alzamiento en armas contra el orden establecido y la Constitución y no hemos visto en ningún momento que estos funcionarios y activistas sociales hayan sacado un revólver como si lo hizo Tejero en el Congreso ese 23F, muy providencial para Juan Carlos, legitimando ante la opinión pública su parasitismo en las instituciones, por tanto esa acusación no es correcta.

Los Jordis activistas pacíficos y conciliadores, son acusados de sedición; un delito de tiempos oscuros y anacrónicos en que los campesinos se reunían y levantaban contra el poder de su patrón, la libre expresión y derecho a reunión en ese entonces no existían, la Democracia tan solo era una utopía, respetar la ley consistía en que los jornaleros debían tragar con los abusos que los terratenientes les impusieran, este delito no está contemplado en la inmensa mayoría de las Constituciones Europeas porque carece de vigencia y en consecuencia en ninguna sociedad desarrollada se debería siquiera mencionar, pero la nuestra dista mucho de serlo.

La oficina de los derechos humanos de la ONU, ha calificado de arbitrarias las detenciones de Oriol Junqueras, Jordy Cuixart y Jordi Sánchez, en su informe no vinculante dice que las intervenciones no fueron violentas o incitaron a la violencia, los procesados estaban haciendo uso de su derecho a la libre expresión, participación, reunión y opinión, amparados por la «Declaración de los Derechos Humanos» recomendando al Gobierno de Sánchez su inminente puesta en libertad además de las indemnizaciones económica que les correspondan por daños y perjuicios, además se vulneró su presunción de inocencia.

Insta al gobierno de España a que abra una investigación independiente para castigar a los responsables de esas detenciones. El grupo de trabajo de la ONU, los considera presos políticos, algo inaudito a día de hoy en Europa occidental.

La justicia ha brillado por su ausencia, solo se ha aplicado el escarmiento y el aviso a navegantes, quien ose alterar el Status Quo impuesto por esta banda de malhechores, será castigado de forma desproporcionada, todo sea para preservar el orden y la seguridad social, con este mantra se vende esta infamia demonizando a los imputados y a la sociedad catalana al enfrentarla a la española, cuando los verdaderos monstruos habitan en el poder judicial y el bipartidismo que parasita las instituciones, con ese tufo franquista que no nos quitamos de encima.

Seremos los campesinos de otrora sin derechos ni libertades, tragando a las malas y si no nos gusta a la mazmorra.

El escenario ya se estaba labrando con la ley mordaza y la modificación del código penal, el Procés catalán ha sido el catalizador para dar el golpe de gracia a la Democracia, criminalizando a quienes defendemos la libertad y los derechos civiles; el solo hecho de manifestarnos en las calles contra un desahucio, por la corrupción, por el desmantelamiento de nuestro Estado del Bienestar, etc., nos convierte de Ipso Facto en delincuentes, nuestro delito la sedición.

«El opresor no sería tan fuerte, si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos» – Simone de Beauvoir

Los Estados fascistas se construyen paciencientemente, apilando los bloques necesarios para poder llevar a cabo esa transformación silenciosa en la que lastimosamente la mayoría aún no se percata del futuro salvaje que nos aguarda, una vez las piezas estén bien encajadas.

O echamos a esta gentuza de las instituciones o viviremos en una cárcel perpetua.

Como sucedió en el 33 con el ascenso del nazismo, cuando la gente vio al monstruo que dirigía su nación, ya era tarde para reaccionar y se vieron consumidos en esa pesadilla.

Se hace de la aceptación, con propaganda barata se blanquea a los fascistas imprimiéndoles cercanía, cordialidad, empatía y humanidad, engañando a la mayoría haciéndoles creer que son campechanos, uno más de nosotros, nada más lejos de la realidad, son tan solo animales que nos quieren despedazar.

Autor: Luis Felipe Ospitia Ramírez (https://www.lasrepublicas.com)

 

Nicolás García Rivas, catedrático de derecho penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, decía esta misma mañana que la sentencia supone un retroceso en los derechos democráticos pues, al sentar jurisprudencia, permitirá castigar manifestaciones contra desahucios y otras acciones de protesta.

“Esta sentencia rezuma autoritarismo”, ha afirmado.

A Joaquín Urías, ex letrado del Tribunal Constitucional, la sentencia le parece “peligrosa” pues si, como dicen todos los que defienden que en España hay separación de poderes, solo se condenan hechos y no ideas, cualquiera que a partir de ahora realice hechos similares a los sentenciados, manifestarse pacíficamente, por ejemplo, podrá ser detenido y condenado.

¿O alguien recuerda víctimas no causadas por las fuerzas represivas?

Para Elisa Beni, periodista que se lo sabe todo de tribunales, el “engendro” que ha sido la sentencia era el único resultado posible de la unanimidad apresurada que necesitaba Marchena, cosa que pasaba por conseguir que ningún juez ejerciera su derecho a la discrepancia y al voto particular, matices que siempre enriquecen la justicia.

Realmente, la unanimidad de los siete magistrados ante una sentencia tan compleja y discutible solo es imaginable desde la sospecha de que decidieron pastelear, hacer “política”, en lugar de firmar desde criterios exclusivamente jurídicos.

Las prisas subjetivas de Marchena eran producto de dos hechos probados y una sospecha.

Por una parte, de la vista señalada para el mismo 14 de octubre de la prejudicial que presentó ante el TJUE sobre el escaño de Junqueras en el Parlamento Europeo, simple maniobra de distracción, pues si Marchena hubiera buscado ese dictamen de buena fe, exigible, habría demorado la sentencia.

No lo pondrán por escrito, pero algunos jueces europeos piensan que el presidente de la Segunda del TS español se ha reído de la justicia europea.

Por otra parte, también es un hecho que los primeros dos años de prisión preventiva de los presos políticos más antiguos vencían esta misma semana.

Por último, solo nos permitiremos sospechar sobre la presión “ambiental” del interés indisimulado, manifestado por todo el españolismo, para que la sentencia se firmara antes de las elecciones generales del 10 de noviembre.

Viene a cuento el dictamen de los expertos porque durante esta crisis, tan profunda y prolongada, prolifera la sensación de que hemos vivido en un castillo de naipes, que construimos con ilusiones y deseos para huir de ese pasado que no deja de perseguirnos: el que para siempre dejó marcado el dictador Franco en nuestro ADN.

Murió el perro, pero no la rabia”, dice el mensaje que acabo de recibir mientras escribo.

Ocurre, entonces, que el derrumbamiento del castillo de naipes cursa con lucidez sobrevenida, y nos hacemos de nuevo las mismas preguntas que en el pasado respondimos de otra manera, o que ni nos planteamos.

Algunos hechos nos parecieron de poca importancia, pero cuando necesitas construir una Arcadia feliz te inventas los significados.

Por ejemplo, ¿nos ayudaron Felipe González y su hoy ex, Carmen Romero, a colocar en el castillo el naipe de la integración en la democracia de los que pensábamos eran últimos franquistas, cuando en julio de 1985 hicieron aquella excursión por aguas portuguesas en el mismo Azor que el dictador comenzó a utilizar en 1949 para sus pescadas?

¿O, en realidad, vimos aquella chulería marinera de FG como una victoria más que simbólica de la democracia contra una dictadura que, a fin de cuentas, nos había humillado a todos al conseguir que su fundador muriera en la cama?

En ese caso, se trataría de algo parecido a lo que nos ocurrió cuando pensamos que Tejero había sido derrotado el 23F de 1981, en lugar de comprender que aquel golpe de Estado fue una victoria póstuma del dictador, ¿la última?, al consolidar al borbón que había elegido, Juan Carlos, para que los militares de su misma calaña supieran lo que tenían que defender a cualquier precio cuando él no estuviera.

Ni siquiera sospechamos que algo no cuadraba cuando el terrorismo de Estado de los GAL, durante los gobiernos del PSOE, pero nunca se insistirá lo bastante en la mucha ayuda que el terrorismo etarra prestó al autoritarismo franquista, para conseguir que se mantuviera activo el veneno infiltrado durante cuarenta años en las instituciones del Estado y, a la postre, en toda la sociedad.

Ahora que leo de nuevo el título que he elegido para este artículo, si no lo hubiera escrito yo mismo podría pensar, antes de leer lo demás, que el castillo de naipes derrumbado por la sentencia sería el otro, el que lideran los sentenciados y los exiliados como Puigdemont, de nuevo perseguido en Europa por Llarena.

Pero ese deseo de derrota del adversario catalán manifestado por el españolismo, por mucho que Pedro Sánchez no deje de proclamarlo, se disuelve cada vez que llegan noticias de la vida cotidiana en Catalunya.

La amplitud, solidez, diversidad y continuidad demostradas por el movimiento independentista está en condiciones de resistir cualquier ataque y crecer social y políticamente.

El 10 de noviembre se constatará de nuevo la medida electoral de su fuerza, esta vez la primera después de conquistar en mayo pasado la mayoría, también, en la Cámara de Comercio.

https://www.lasrepublicas.com/2019/10/17/una-sentencia-que-derrumba-un-castillo-de-naipes/

Carles Puigdemont, el presidente catalán reclamado por los tribunales españoles por su papel en el fallido intento de independencia de aquella nación ibérica, ha sido puesto en libertad bajo fianza, después de testificar ante las autoridades judiciales en Bélgica, en respuesta a la reactivación de una orden de arresto internacional contra él, remitida por el juez neofranquista español Pablo Llarena, cuya acusación de rebelión y sedición fue rechazada hace dos años.

La noticia de su comparecencia ante la corte se produjo cuando el pueblo catalán declaró una huelga general y una gran manifestación en Barcelona, después de una cuarta noche de protestas, en las que cientos de infiltrados neofascistas enviados desde las cloacas del Ministerio de Interior y otros organismos, se dedicaron a cometer toda clase de actos violentos para que se culpara a los grupos independentistas.

Cataluña vivió ayer jueves otra jornada de protestas, la cuarta desde que se conoció la sentencia por el juicio del ‘procés’.

Esta mañana, según el Servicio Catalán de Transito, ocho carreteras permanecían cortadas por las movilizaciones, mientras que las cinco marchas que partieron desde diferentes puntos de la región siguen su recorrido para converger este viernes en Barcelona.

En la capital catalana miles de manifestantes, en su mayoría estudiantes, ya recorren las calles. La marcha se sucede en un ambiente festivo, cantando lemas como ‘Ni olvido, ni perdón’ o ‘Cataluña antifascista‘, mientras se encuentra vigilada en todo momento por un fuerte dispositivo policial.

Comprendo que Pedro Sánchez, en su afán por lograr más votos el próximo 10 de Noviembre, salga por peteneras, chotis, jotas y sevillanas (nunca por sardanas) cuando se le mentan las palabras “indulto y amnistía”.

Un tipo como él, carente de dignidad, redomado hipócrita, dotado de una singular mediocridad intelectual y rodeado por una cohorte de pelotilleros estilo Grande-Marlaska, Calvo, Celaá o Montero, es incapaz de hacer memoria, lo que le convierte además en un presidente próximo a la estulticia, que le lleva a bufar en el terreno de la memez más árida.

Sánchez olvida que en el año 2008, los 19 primeros indultos concedidos por el gobierno socialista se aplicaron a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que habían sido condenados.

Pero le voy a recordar algunos perdones aplicados por gobiernos del PPSOE, que él rechaza hoy con presunta firmeza, recibiendo así las alabanzas de la ultraderecha española (hay que rascar votos como sea). Veamos:

AÑO 2011

El Gobierno de Zapatero indulta al banquero Alfredo Sáenz, lo que le permitirá volver al Santander, pese a que el tribunal Supremo afirmó que esa gracia fue una “clara extralimitación”.

Junto a Sáenz, también fueron indultados otros dos condenados en la causa, el antiguo director de Banesto en Cataluña, Miguel Angel Calama, y el abogado Rafael Jiménez de Parga, condenados a la misma pena.

Pocos días más tarde, se aplicó la medida a dos directivos de Ebro Azucarera condenados por fraude.

Hasta un futbolista, Paul Abasolo, condenado por tres delitos de abuso sexual en Gernika (Bizkaia), fue agraciado por el ejecutivo socialista.

AÑO 2012

El Gobierno del PP indulta a los 11 condenados del caso “Cuello Blanco”, todos ellos sujetos a penas de prisión. De los 11 indultados, seis – cuatro del PP y dos de CiU- fueron sentenciados por corrupción. Otros tres fueron condenados en 2010 por vender permisos falsos a inmigrantes. Los otros cuatro beneficiarios del perdón gubernamental fueron un ex alcalde y tres ex concejales del PP de Valle de Abdalajís (Málaga).

Otro beneficiado fue un alcalde del PP, condenado por prevaricación urbanística, Tomás Gómez Arrabal, y a sus ediles Gómez Arrabal, Antonio Pérez Postigo, Fermín Muñoz Armero y María Teresa Mesa Pernia.

Mariano Rajoy siguió indultando a pero esta vez a cinco Mossos de Esquadra condenados por torturas, pese a que la Audiencia Nacional alegaba razones de «repulsa y alarma social» para cumplir la pena, aunque la misma no exceda de dos años”.

También fue sonado el manifiesto de 200 jueces que firmaron contra ese indulto, diciendo que:  «La decisión del Gobierno es impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible».

Más perdones: Se libraron de la trena los 2 oficiales condenados en el caso Yak-42: José Ramírez (comandante) y Miguel Sáez (capitán), mientras las víctimas del accidente protestaban por la medida aplicada.

El Gobierno salva de la cárcel a un ex alto cargo de Unió y a un empresario: Josep Maria Servitje (ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat) y Víctor Manuel Lorenzo Acuña (empresario), que el ministro Gallardón justificó por razones humanitarias, lo que el resto de partidos vieron indignante.

Para celebrar las Navidades, el Gobierno indulta al cerebro de una red de fraude de IVA: Miguel Escudero Arias-Dávila.

AÑO 2013

Se concede indulto parcial a un conductor condenado por matar a 3 jóvenes y a otro kamikaze que mató a una muchacha y fue sentenciado 13 años de prisión,

AÑO 2014

El 14 de Junio el Gobierno concedió, en el Consejo de Ministros del pasado 30 de mayo, OCHO nuevos indultos, recogidos en el BOE de esa fecha.

Tres de ellos fueron para condenados por delitos contra la salud pública y otros tres para condenados por robo, pero también recibieron la medida de gracia un guardia civil, condenado por omisión del deber, y a otro compañero de filas que grabó una agresión sexual con su móvil.

Gallardón indulta por Semana Santa al director de un banco que robó 30.000 euros a un cliente.

Resumiendo, para no cansar al lector: Desde 1996 a 2018, los diferentes gobiernos españoles han utilizado el indulto para 10.582 personas.

Lo más ramplón es que Pablo Casado ladre y ruja sobre la presunta concesión de esa gracia a los presos políticos catalanes, cuando sus correligionarios han sido los más beneficiados por los indultos de don Mariano.

Una de las coletillas más estúpidas de los últimos decenios, es aquella que acostumbran a soltar las personas que dicen “amar el deporte”, y entre ellas muchos periodistas especializados, que cuando se produce un acontecimiento de importancia global, como la brutal y descabellada sentencia del Tribunal Supremo contra personalidades del Parlament, líderes sociales y consejeros/as del gobierno de Cataluña, salen a la palestra aconsejando que el deporte  “no debe mezclarse en asuntos de política“.

Lo chusco radica en que esas mismas personas, en un alarde de hipocresía manifiesta, callan y miran hacia Babia, cuando los políticos aprovechan el deporte para sus fines electorales, sobre todo para presumir de “patriotismo”.

Les respondo que un ciudadano, cualquiera que fuere su profesión, tiene todo el derecho a hacerlo (y creo que el deber democrático) cuando se dan las condiciones para salir a la palestra y opinar sobre hechos tan graves como este.

Josep “Pep” Guardiola, excelente entrenador de fútbol (antes jugador), profesional intachable y persona con indudables convicciones democráticas, ha tomado partido ante esta ignominia protagonizada por el Tribunal Supremo del régimen neofranquista español. Gracias, Pep.

SUPREMOS PREVARICADORES


Los letrados enviados como observadores por la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) y EuroMed Rights (Red Euromediterránea de Derechos Humanos) sostienen en su informe final, que la vista oral contra los líderes soberanistas:

“No ofreció las garantías necesarias para calificarlo como justo porque vulneró el principio de contradicción, utilizó pruebas de otros procedimientos inconclusos, se apoyó en testimonios estereotipados y no respetó los derechos de defensa”.

AQUI PUEDES LEER LA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DEL INFORME COMPLETO

https://elfalansteriodetheleme.blogspot.com/2019/10/informe-del-fidh-sobre-el-proceso.html

Varios medios han filtrado que el Tribunal Supremo condenará por unanimidad a nueve de los doce acusados de organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017, por un delito de sedición y, en el caso de los miembros del Govern – lo que excluye a líderes de la sociedad civil como Jordi Cuixart y Jordi Sànchez – por un delito malversación.

“MULTITUDINARIAS Y ESPECTACULARES”. AL PRONUNCIAR ESOS DOS ADJETIVOS, LA FISCAL CONSUELO MADRIGAL HIZO EL RIDÍCULO, ACUMULANDO ERRORES, IMPRECISIONES Y SUSCITANDO DUDAS SOBRE LA FORMA EN QUE HA PREPARADO EL PROCESO CONTRA LOS LÍDERES INDEPENDENTISTAS.

Al margen de las especulaciones sobre el origen de las filtraciones – cuestión que merece un artículo aparte –, el dolor que tiene que suponer para los procesados y sus familiares recibir la noticia a través de la prensa (máxime en un caso tan importante) y las apuestas sobre cuáles serán las penas que finalmente se impongan a cada acusado, la noticia tiene una enorme trascendencia, porque esclarece cuál ha sido la conclusión alcanzada por el Supremo: no se cometió un delito de rebelión. Y lo que es más significativo: ni siquiera se incurrió en una conspiración para la rebelión.

Entiende el Alto Tribunal que falta el elemento más esencial del tipo penal de la rebelión: no hubo una violencia grave e insoportable, ni mucho menos armada.

Es decir, no tuvo lugar un alzamiento público y violento para poner en jaque el orden constitucional y ni siquiera entró dentro de los planes de los acusados instrumentalizar una posible violencia para lograr la fragmentación de España.

Pero eso no es todo. La intensidad de la violencia no es lo más importante – ya que, si lo fuera, eso nos conduciría a un debate sobre si fue mayor la fuerza esporádica de algunos manifestantes o los ataques de la policía, en detrimento de estos últimos – sino el bien jurídico afectado.

Si es cierto que el Supremo ha decidido condenar por sedición – algo que se confirmará en pocas horas – esto significa que lo que se vio alterado fue el orden público y no el orden constitucional.

O sea, durante algunos días (el 20 de septiembre y el 1 de octubre, especialmente) se afectó – gravemente – el orden de la calle, la normal coexistencia cotidiana y la tranquilidad rutinaria. Lo que no se vio amenazado fue el régimen jurídico-político determinado por la Constitución y la integridad y estabilidad de las instituciones públicas.

Ojo, nada de esto es óbice para que el Tribunal pueda considerar en su sentencia que la alteración del orden público se cometió con la finalidad de acabar con el orden constitucional.

Si bien celebro que parece ser que no se va a cometer el disparate de equiparar los hechos de Catalunya de 2017 con una suerte de rebelión militar, no puedo evitar discrepar con el razonamiento del Alto Tribunal.

Y es que, bajo mi punto de vista, si los acusados no instrumentalizaron una violencia social para lograr sus fines, tampoco pudieron incurrir en un delito de sedición.

El Código Penal describe la sedición como la acción de alzarse “pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Según esta definición, para incurrir en este tipo únicamente se requiere un alzamiento tumultuario y el empleo de “fuerza” o vías “extralegales”. No dice nada más.

Pero, ¿quiere decir esto que basta con que el alzamiento tumultuario se produzca, aunque sea pacífico, para que se cometa el delito? Evidentemente, opino que no.

No es posible que el Código Penal prevea penas de hasta diez años – en el caso de miembros de la sociedad civil, como los Jordis – o de quince años de prisión – en el caso de autoridades públicas, como Oriol Junqueras – por llevar a cabo manifestaciones pacíficas cuando no se producen actos de violencia significativa.

Y es que el mero alzamiento que impide el cumplimiento o acatamiento de una ley ya se sanciona en otras normas. La Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), en su artículo 36.4, castiga como una infracción administrativa grave (y no un delito):

“Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito”.

Se parece muchísimo a la definición de la sedición:

“Impedir el ejercicio legítimo de las funciones de una autoridad”.

¿Cuál es la diferencia, entonces, entre la sedición y la infracción administrativa? Sencillamente, la violencia, o el empleo de “la fuerza”, tal y como se recoge en el tipo penal de la sedición.

En otras palabras: sin violencia, no hay delito, y la violencia además ha de ser intencionada y de una entidad o gravedad considerable. Sin la misma, no puede aplicarse el delito de sedición.

Atendiendo a los constantes llamamientos a que las movilizaciones fueran pacíficas – recordemos que Cuixart exclamó el 20 de septiembre de 2017: “Si detectáis a alguien que actúa de alguna manera violenta, desenmascaradlo, son los enemigos del pueblo” – y a que no hubo grandes episodios de violencia en esos meses en Catalunya, considero una sobreactuación judicial condenar por sedición.

Se trata de una sentencia durísima que, dado que no acoge la tesis más dura que se había planteado – el delito de rebelión, interesado por la Fiscalía y por Vox -, adquiere la apariencia de proporcionalidad.

En cualquier caso, el debate jurídico no es sencillo y a partir del lunes los juristas tendremos que dialogar más sobre la solidez de la fundamentación del Supremo y sobre lo ajustada a Derecho, o no, de su interpretación.

Fuente: https://www.publico.es

 ¿DÓNDE ESTÁ EL DELITO DE MALVERSACIÓN?

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