Category: PRESOS POLÍTICOS


La cantautora y activista por los derechos humanos, Joan Báez, se ha referido a la situación que viven los presos y exiliados catalanes como una “injusticia” y se ha mostrado comprometida a “hacer todo lo que pueda” para acabar con esta situación.

En una entrevista este sábado por la noche en el FAQS de TV3, también ha asegurado que tiene intención de visitar uno de los Jordis durante su estancia en Catalunya si la agenda se lo permite.

Ellos son importantes y es importante que el mundo los conozca“, ha destacado Báez, asegurando que “como más interés despiertes fuera del país mejor”. La cantautora ha asegurado que se siente “muy próxima” a la situación del procesio de independencia de Catalunya y ha reiterado que “es el pueblo, es su voluntad.

En otros momentos, hablando del presidente estadounidense, Baez afirmó que “Donald Trump es el hombre más peligroso que ha existido, después de Hitler“.

El president en el exilio, Carles Puigdemont, y el conseller Toni Comín se quedaron en Alemania y no cruzaron la frontera para ir a Estrasburgo, al acto convocado a las puertas del Parlamento Europeo.

El riesgo de una operación policial española para detenerles y la existencia de un convenio entre Francia y España que posibilitaría su traslado inmediato a Madrid, sin necesidad de euroorden, ha llevado a los abogados de los políticos exiliados a recomendarles que desistieran de acudir a las puertas del Parlamento.

Puigdemont y Comín llegaron ayer por la noche a la localidad alemana de Kehl, junto a la frontera, donde se quedaron hasta el momento de tomar una decisión.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado a primera hora de la mañana a ElNacional.cat que su intención era “limitar al máximo el riesgo” y que estaban recibiendo mucha presión para no cruzar la frontera.

Finalmente, Boye y el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, que estaban con Puigdemont en Kehl, han decidido cruzar la frontera, mientras que Puigdemont seguía en Alemania.

A pesar de que el president ha subido al vehículo en el que Boye y Costa se han trasladado a Estrasburgo, cuando han llegado a las puertas del Parlamento, Puigdemont ya no estaba dentro.

https://www.elnacional.cat/es/politica/puigdemont-comin-alemania-parlamento-europeo_400021_102.html

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado este lunes a Polonia por vulnerar la independencia judicial.

Eso ocurre cuando a la espera de que el mismo tribunal analice y se pronuncie sobre España y la decisión de la Junta Electoral Central, de no permitir ser eurodiputados a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín.

El gobierno euroescéptico y ultra polaco, los principales socios de Vox en la eurocámara, iniciaron una reforma judicial que ahora el TJUE ha tumbado, al considerar que vulnera los principios de inamovibilitat de los jueces y su independencia.

En concreto, la nueva ley quería imponer la prejubilación forzosa a aquellos jueces críticos con el Tribunal Supremo del país. Hungría, otro estado con deriva claramente autoritaria, había dado apoyo a la reforma.

Sin embargo, el Tribunal de Luxemburgo ha dicho que se trata de una norma contraria a los derechos de la Unión Europea que “somete la judicatura al control político“.

Esta decisión se ha tomado días antes de que el TSUE estudie la prohibición de la Junta Electoral Central española y los jueces Pablo Llarena y Manuel Marchena de prohibir ser eurodiputados al preso y exiliados electos en el Parlamento Europeo: Puigdemont, Junqueras y Comín.

https://www.elnacional.cat/es/politica/tribunal-justicia-ue-condena-polonia-espera-espana_397735_102.html

GONZALO BOYE SEÑALA LAS CONTRADICCIONES DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL, DONDE A BUEN SEGURO TRABAJA MÁS DE UN CAPULLO/A

El abogado Gonzalo Boye ha puesto en evidencia la confusión de la Junta Electoral Central.

EL ARTÍCULO 224 NO DICE QUE ESE ACATAMIENTO HAYA DE SER “PRESENCIAL”

En un tuit, Boye ha explicado las incongruencias del informe que realizaron respecto de los eurodiputados presos y exiliados. “Les debe estar afectando el calor“, ha ironizado.

El documento de la JEC dice en el segundo punto que suspende las prerrogativas de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín. Sin embargo, en el tercero, el informe se contradice, ya que asegura que ellos nunca tuvieron ninguna prerrogativa.

“Primero suspende las prerrogativas y en el párrafo siguiente dice que “nunca las han tenido“. ¿En qué quedamos”?, ha indicado el letrado.

https://www.elnacional.cat/ca/politica/boye-evidencia-desori-jec_397462_102.html

El jurista Javier Pérez Royo, pronosticó qué pasará con los presos políticos si finalmente, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín adquieren la condición de eurodiputados.

Según este Catedrático de Derecho Constitucional, si los tres citados acaban siendo miembros de la Eurocámara, los presos saldrán de la prisión y la sentencia no será publicada este año.

De hecho, Pérez Royo, en una entrevista en el FAQS, ha asegurado que cuando Junqueras fue escogido europarlamentario, Marchena empezó una “huida hacia adelante” para intentar acabar el juicio lo más rápido posible, para poder tener la sentencia antes de que el vicepresidente se hiciera con el acta de eurodiputado, comparando esta situación con lo que hizo José María Aznar, culpando a ETA después de los atentados del 11-M en 2004.

Precisamente, sobre la prohibición del Supremo a Junqueras para presentarse ante la JEC a recoger el acta de eurodiputado, Pérez Royo ha sentenciado que el tribunal dirigido por Marchena cometió prevaricación y un delito contra los derechos fundamentales del mismo candidato, prohibiendo al líder de ERC a prestar juramento o promesa y obtener sus credenciales como parlamentario europeo, delante de la Junta Electoral Central.

Al mismo tiempo, sin embargo, el jurista pronosticó que Junqueras acabará siendo miembro del Parlamento Europeo, aunque no será el día 2 de julio.

A partir de esta circunstancia, Pérez Royo opina que la defensa del vicepresidente interpondrá un recurso delante de la Eurocámara, alegando que fue el Tribunal Supremo el que no permitió a Junqueras adquirir la condición de diputado, aunque la JEC no impidiera que fuera candidato a las listas y el BOE confirmara que había sido escogido por la ciudadanía.

Pérez Royo no se quedó aquí, asegurando que el día 27 del pasado mes de mayo, es decir al día siguiente a la elección de Junqueras como eurodiputado, tendría que haber salido de la prisión y haberse podido mover con total libertad por el territorio de la Unión Europea, ya que es inocente hasta que no haya sentencia.

https://www.elnacional.cat/es/politica/puigdemont-junqueras-comin-eurodiputados-perez-royo_397378_102.html

Algunos de los líderes independentistas catalanes que fueron electos en los comicios al Parlamento europeo, pero que son perseguidos por la justicia española, como Oriol Junqueras, Toni Comín y Carles Puigdemont, no asistieron a la convocatoria para recoger sus actas como europarlamentarios, uno por estar en prisión y los otros por encontrarse en el exilio.

Su abogado, Gonzalo Boye, ha querido recoger las actas de Comín y Puigdemont, destacando el despliegue de policías en el exterior del Congreso de los Diputados, preparados para detener a los citados, en caso de que acudieran al acto.

El letrado Gonzalo Boye ha llegado este lunes a mediodía al Congreso de los Diputados llevando con el acatamiento de los eurodiputados electos Carles Puigdemont y Toni Comín ante un notario belga.

LA IDEOLOGÍA DE PUIGDEMONT Y COMÍN NO ES ÓBICE PARA QUE EN ESTE BLOG DEFENDAMOS SU DERECHO INALIENABLE PARA RECOGER EL ACTA DE EURODIPUTADOS

A pesar de los poderes especiales que ambos le han dado a su abogado, la Junta Electoral Central le ha cerrado la puerta y ni siquiera se han leído los documentos que mostró el letrado.

“Se ha intentado por todas las vías. A partir de ahora ya es un tema de legalidad europea”, ha asegurado el jurista.

Después de que la JEC dictaminara que Puigdemont y Comín debíán acudir a Madrid personalmente para adquirir el cargo, el abogado de ambas personalidades se presentó en  la sala constitucional del Congreso, donde se llevaba a cabo el acto de acatamiento de la Constitución por parte de los 54 eurodiputados electos.

Boye trató de presentar el acta notarial donde los dos electos para el parlamento europeo prometían acatar la Carta Magna “por imperativo legal”, después de recibir “poderes especiales” de sus dos clientes.

Sin embargo, una letrada del Congreso respondió que no se admitía aquella documentación. “Ni se la han leído“, ha criticado Boye a la salida. “Si lo hubieran hecho, sabrían que no tendrían que haberla rechazado“, ha añadido.

Después de este nuevo veto, la defensa de los eurodiputados de “Lliures per Europa” ha anunciado que registrará estos documentos ante la Junta Electoral Central.

Ha recordado que ya se ha hecho anteriormente de esta manera en el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento Europeo y que, por lo tanto, han cumplido el trámite. “La gente se piensa que estamos improvisando y no es así”, ha afirmado Boye.

RIBA ADVIERTE QUE RECLAMARÁN A EUROPA

Quien tampoco ha podido asistir este lunes al Congreso de los Diputados, por el veto en este caso del Tribunal Supremo, ha sido Oriol Junqueras. A pesar de todo, su lucha para ser eurodiputado no acaba con el veto a recoger el acta.

Así lo ha advertido la eurodiputada Diana Riba desde delante del Congreso de los Diputados. “Quizás les da miedo que este caso llegue al corazón de Europa, pero nosotros lucharemos y trabajaremos dentro del Parlamento Europeo para llevarlo a las altas instancias europeas”, ha avisado.

Según fuentes republicanas, el presidente de ERC y eurodiputado electo no tiene pensado renunciar a su acta, aunque no le dejen recogerla. De hecho, su defensa acaba de presentar un recurso contra la decisión del alto tribunal.

Estas fuentes apuntan que no hará correr la lista y recuerdan que no hay margen temporal para realizar el trámite de acatar la Constitución española.

https://www.elnacional.cat/es/politica/jec-acatamiento-puigdemont-comin-notario_395380_102.html

Ayer miércoles finalizaba en Madrid el esperpento jurídico contra los líderes y políticos independentistas por los hechos en torno al referéndum catalán de 2017.

Las defensas pidieron la absolución de los 12 enjuiciados al rechazar que cometieron los delitos de sedición y rebelión, algo que sostenían los fiscales e incluso buena parte de los medios periodísticos españoles, negándose a llamar presos políticos a los encarcelados.

Todos los abogados, en una estrategia conjunta, rechazaron aquellos supuestos delictivos, pero aceptando la comisión de desobediencia, que no conlleva pena de prisión.

En este video de RT se habla del tema con Guillermo Rocafort, profesor de derecho constitucional de la UEM, aunque en este blog se pueden leer las opiniones de otros reputados expertos y Catedráticos de Derecho Constitucional, como José Antonio Martín Pallín, Javier Pérez-Royo y Diego López Garrido.

LA SENTENCIA SERÁ SIN DUDA UNA SUPREMA BESTIALIDAD JURÍDICA, FIRMADA POR MAGISTRADOS NEOFRANQUISTAS Y LOS PUEBLOS DE ESPAÑA, EUSKADI, GALIZA Y CATALUÑA DEBEN DENUNCIARLO ANTE EL MUNDO Y EN TODAS LAS INSTANCIAS EUROPEAS

Después de cuatro meses, el juicio al procés quedará visto para sentencia dentro de una semana, el 12 de junio si nada cambia.

Coincidiendo con este final, las entidades independentistas valoran cómo volver a sacar a la calle a la ciudadanía, a la espera de la gran movilización masiva prevista para cuando se conozca la sentencia firme, a partir de septiembre.

Todavía quedan muchos detalles por pulir, para empezar el día, pero los contactos para avanzar en las concreciones se intensificarán durante las próximas horas.

Varias fuentes consultadas confirman a http://www.elnacional.cat que “se está hablando” y que “algo se hará la semana que viene”, pero que todavía se está debatiendo sobre cuál es el formato y sobre todo la fecha más idóneos.

Todo apunta a una movilización descentralizada, es decir, que como ya se ha hecho otras veces, habrá un acto en Barcelona, pero que se convocará a la vez por todo el territorio.

En relación al cuándo, hay varias opciones encima de la mesa. Se ha sopesado hacerlo el fin de semana, pero teniendo en cuenta que ya empieza el buen tiempo y por lo tanto las escapadas, se valora la alternativa de hacerlo entre semana, por ejemplo, el jueves 13 de junio, el día siguiente que el Supremo baje el telón para preparar el veredicto final.

Lo que ya es seguro es que, como ya hiciera con su primera intervención ante el Supremo, Òmnium volverá a instalar una pantalla gigante para seguir las declaraciones finales que harán su presidente Jordi Cuixart y el resto de presos encausados, que tienen derecho a un último alegato para cerrar el juicio.

Esta vez la proyección en directo del juicio se hará en Arc de Triomf, en Barcelona. También habrá en Tarragona, Lleida y Girona.

También se prepara una marcha para el 2 de julio en Estrasburgo, ante el Parlamento Europeu, el día que tomarán posesión los eurodiputados, para exigir que no se vete a los presos y exiliados electos (Puigdemont, Junqueras y Comín).

La ANC y el Òmnium ya organizaron una oleada de movilizaciones cuando arrancó el juicio, el 16 de febrero en Barcelona y el 16 de marzo a Madrid, ambas bajo el lema ‘La autodeterminación no es delito’. Ahora vuelven a arremangarse, impregnados cada vez más, por el pesimismo de que la sentencia no será nada favorable, al contrario.

ACOMPASAR “LA RESPUESTA DEL PAÍS”

La gran pregunta que se hace el independentismo es, más allá de manifestarse, cómo habrá que reaccionar a la sentencia en caso de que, como todo indica, no sea absolutoria.

El president de la Generalitat ha iniciado un brainstorming con partidos y entidades para tejer una respuesta consensuada o, cuando menos, lo más consensuada posible.

La ANC y Òmnium inauguraron este martes la ronda de contactos para definir la estrategia de cara a los próximos meses. Torra se reunió con sus respectivos líderes por separado.

La primera conclusión es que hay un denominador común y que este es que hay que recoser la unidad, ir a la una, con el mínimo de fisuras. La cuestión es cómo se pasa de proclamar esta intención a ponerla en práctica. De momento, todos coinciden en dos palabras: “unidad estratégica“.

Una vez se conozca la sentencia, las entidades organizarán una gran movilización, pero más allá de eso una de las opciones encima de la mesa es que el president convoque elecciones.

En la ANC se debate internamente la conveniencia de exigir este adelanto electoral a Torra, pero por ahora su presidenta Elisenda Paluzié ha aflojado el pressing.

Desde la organización se opta de momento por dar margen al Gobierno para recuperar la unidad estratégica y evitan poner corsés ni imponer plazos.

Eso sí, la ANC ha trasladado al Govern la necesidad de persistir en la unilateralidad y no esperar de brazos cruzados a la espera de que llegue un referéndum pactado que ven inalcanzable.

En el caso de Òmnium, insisten en que lo más importante será que sea cuál sea la respuesta, ésta sea lo más unitaria posible.

En privado, desde las entidades confiesan que a pesar de no ser excesivamente optimistas sí que confían en que la contundencia de la sentencia acabará de empujar a la unidad de todos los actores políticos independentistas aunque sea por la fuerza.

https://www.elnacional.cat/es/politica/movilizacion-anc-omnium-sentencia-juicio_391693_102.html

(Una reflexión jurídica de Juan José Álvarez Rubio, (Zumaia, 1964), abogado y  Catedrático de Derecho Internacional de la  Universidad del País Vasco)

A riesgo de poder resultar algo tedioso merece la pena realizar una reflexión jurídica acerca de la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de suspender en el ejercicio de sus cargos a los diputados procesados, medida también reiterada en el Senado.

Cabe recordar que desde su vehemencia habitual, Rivera y Casado llegaron a hablar de humillación a los españoles, de prevaricación o de haber hecho el ridículo, al referirse a la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de solicitar un informe jurídico a los letrados de la Cámara acerca de cómo proceder.

¿Cómo se puede despreciar así la división de poderes?

¿Cómo se puede menospreciar así la soberanía legislativa, la autonomía parlamentaria y la capacidad que el Parlamento tiene (el Pleno, no ya la Mesa de la Cámara) para fijar su criterio frente a los tribunales en un supuesto tan complejo como el ahora planteado?

La primera sorpresa jurídica (prueba de la señalada complejidad del caso) radica en que los letrados del Congreso propusieron la suspensión de los diputados pero por razones y con argumentos diferentes a los expuestos por el Tribunal Supremo.

ordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rul y Oriol Junqueras han grabado estos mensaje. Jon ha proporcionado al programa las imágenes.

Pues bien, este singular supuesto queda fuera del ámbito de aplicación de los dos preceptos invocados: ni el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni el art. 21 del Reglamento del Congreso contemplan este caso.

¿Debían ser suspendidos inmediata y automáticamente, una vez que tomaron posesión de sus cargos? No. ¿Tiene alguna lógica democrática poder elegir a quien supuestamente no va a poder ejercer sus funciones como diputado ni un segundo? No. En ningún caso la suspensión podía ser automática, como insistentemente pedían Rivera y Casado.

El Poder Judicial no puede imponer al Congreso una alteración de su composición salvo mediante sentencia que inhabilite a un parlamentario para el ejercicio de sus funciones, algo que no concurre en este supuesto.

Por eso el Tribunal Supremo trasladó a la presidenta del Congreso una comunicación subrayando que tal institución parlamentaria era la competente para decidir acerca de la suspensión o no de los cuatro diputados ya procesados con anterioridad a haber adquirido tal condición.

El Congreso podía legalmente haber decidido, atendiendo a la gravedad de la medida, a su afección sobre esenciales principios democráticos, a la presunción de inocencia, a la ausencia de sentencia -por cierto, ¿qué ocurrirá si finalmente la sentencia no les condenara por el delito de rebelión?- que los cuatro siguieran ejerciendo su representación parlamentaria.

El Congreso no hubiera podido, obviamente, liberar a los presos o decidir que se archivase la causa pendiente, pero sí podía haber decidido que mientras no fuesen eventualmente condenados por sentencia firme continuaran representando a su electorado.

La situación de un diputado electo que está procesado y en prisión provisional con anterioridad a la elección y a su toma de posesión no está directamente regulada en ninguna norma del ordenamiento jurídico.

La suspensión de un diputado electo es una sanción y como tal ha de aplicarse restrictivamente, sin que quepa una extensión de la norma sancionadora a supuestos no contemplados por la misma.

¿Y ahora qué? ¿Es posible que los diputados suspendidos deleguen su voto? En mi opinión no cabe jurídicamente esta posibilidad. Si existe suspensión no hay posibilidad de delegación y si no renuncian a su escaño, ¿sobre qué cifra de parlamentarios habrá de calcularse las mayorías en el Congreso?

De nuevo los letrados de la Cámara deberán precisar el alcance de la suspensión, algo clave porque marcará el cómputo de la mayoría absoluta. Otra vez el binomio Política/Derecho conduce a una anomalía democrática que solo Europa podrá, extemporáneamente, subsanar.

https://www.deia.eus/2019/06/02/opinion/columnistas/bis-a-bis/suspension-de-derechos-en-sede-parlamentaria

 

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